Un total de 117 docentes recurrieron el curso pasado al servicio Defensor del Profesor, que ofrece el sindicato ANPE con la intención de prestar asesoramiento jurídico, psicológico y de carácter general a los trabajadores de la enseñanza que encuentran dificultades a la hora de desarrollar su labor. La cifra supone un aumento del 70% en las consultas respecto al curso 2008-2009, cuando se puso en marcha esta iniciativa.

En este periodo, además, se ha producido un significativo incremento del número de profesores que sienten que no pueden dar clase debido a las trabas que ponen alumnos, familias y la propia Administración. Ese ha sido el principal motivo de consulta del 85% de los trabajadores que han usado el servicio. Otros son la ausencia de respaldo de las instituciones educativas -un 35%-, los insultos -un 26%- y las agresiones físicas por parte de los estudiantes -9%-.

"En la mayor parte de los centros se puede dar clase sin ningún problema. Los casos en que no es posible son una minoría, pero de muchísima gravedad", explicó ayer el presidente de ANPE, Pedro Crespo, quien insistió en que debería ser el Gobierno canario el que ofreciese el servicio de Defensor del Profesor. "Una empresa debe defender a sus trabajadores", recalcó el dirigente sindical.

El primero año del Defensor del Profesor terminó con 69 consultas, el segundo lo hizo con 89 y este tercero, con 117. Pese a destacar que la situación no es general, el coordinador del servicio, Domingo Rodríguez, advirtió de que los casos denunciados son solo "la punta del iceberg" y que, en realidad, "son muchos más".

Entre los casos registrados por ANPE figuran 65 agresiones físicas o verbales por parte de estudiantes, 36 de padres y 16 de compañeros o de la Administración, en forma de falta de apoyo.

La mayor parte de estas situaciones se produce en la etapa de Secundaria -debido, según Rodríguez, a que "el momento de cambio" de los chicos deriva a veces en "conflictividad mal resuelta"-, con 47, seguida de Primaria, con 36, e Infantil, con 20 (en este último caso todas son agresiones por parte de los padres).

Alrededor de un 44% de los docentes afectados presentaban problemas de depresión o ansiedad aunque, curiosamente, "en años anteriores eran muchos más", comentó el coordinador del Defensor del Profesor. Más de la mitad de los trabajadores no sufre ninguna secuela psicológica.

La conclusión que el sindicato extrae de estos datos es que "el docente es vulnerable". "Los padres nos desautorizan delante de sus hijos cuando se supone que han delegado en nosotros una parte del proceso educativo", lamentó Domingo Rodríguez.

Con la intención de terminar con esta "sensación de impunidad", ANPE promueve actualmente una iniciativa legal para dotar al profesorado de la condición de autoridad pública. Los dirigentes de la organización ya se han reunido con los grupos parlamentarios de CC y PP, de quienes han recibido "una buena acogida", pero que les han hecho notar la necesidad -que el sindicato comparte- de acompañar esta norma de "otras medidas de mejora de la convivencia".

Aunque la Fiscalía ya ha dado la instrucción de que las agresiones a docentes se tramiten como delito -ya hay, de hecho, alguna sentencia al respecto con penas de cárcel-, la promulgación de una ley permitiría que esto dejara de quedar al arbitrio de un juez.