El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, defiende la "unidad de criterio" con la que la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dictamina sobre todos los asuntos que ha de analizar, con independencia de la isla de procedencia.

El consejero resalta en un comunicado la "profesionalidad y alta especialización" de los técnicos responsables de elaborar los dictámenes e informes para la Cotmac, y señala que las decisiones de este órgano, del que forman parte también cabildos y ayuntamientos, se toman siempre después de debatirlas el tiempo necesario, con tal "transparencia" que el diálogo se transmite en directo por Internet.

Berriel asegura que la comisión es "plural" y aclara que la legislación en materia de planeamiento, salvo excepciones normativas muy contadas, "no es jerárquica, por lo que el Gobierno está muy lejos de tener el control absoluto y poder actuar a su antojo, dada la importante autonomía insular y municipal en esta materia".

Asimismo, recuerda que el Gobierno de Canarias prepara una nueva ley para simplificar los procedimientos administrativos y acortar los plazos de los trámites necesarios para aprobar el planeamiento, e insiste en que el Ejecutivo siempre ha trabajado para lograr que los proyectos inversores se puedan desarrollar y en buscar vías alternativas cuando alguna propuesta no es viable, pero siempre "dentro del límite que fija la ley".

En este aspecto, el consejero resalta también que "es el Gobierno el que está intentando remover todos los obstáculos" que en la mayor parte de los casos se derivan de la falta de desarrollo de las normativas municipales e insulares.

Berriel opina que las críticas directas al Gobierno se deben únicamente a que la Comunidad Autónoma dispone de instrumentos excepcionales para suspender planeamientos de áreas concretas y permitir acortar los plazos. En este sentido, recalca que "las excepciones nunca se pueden convertir en reglas" y se han de aplicar siempre de manera muy "medida y ponderada" entre los posibles beneficios de su aplicación y los efectos territoriales, medioambientales y de todo tipo que pueden generar.