Representantes de 28 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Canarias registraron ayer en el Parlamento autonómico un manifiesto "en contra de los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos, ya que consideran que el Gobierno ha utilizado "artificios contables" para decir que los presupuestos de 2012 son sociales.

El representante de los colectivos, Arturo Borges, anunció, además, la manifestación que está convocada para hoy por las calles de Santa Cruz de Tenerife y criticó que el Gobierno haya acudido a "manipulaciones informativas y triquiñuelas" para argumentar que no hay recortes en el gasto social.

"Nos toman por idiotas" y es "escandaloso" que tras "un recorte de 420 millones" de euros en los últimos años se diga que se suman 66 millones en Sanidad, cuando esos 66 millones van al pago de la deuda farmacéutica, señaló Borges.

Además, añadió, se "recortarán otros 52 millones de euros", que también irán destinados al pago de la deuda, lo que supondrá "el cese de los contratos de 3.500 trabajadores".

Arturo Borges indicó que las consecuencias "son evidentes" en la Sanidad, ya que por ejemplo el cierre de los quirófanos en los turnos de tarde ha provocado que 7.500 personas se queden sin intervenir.

El portavoz de los colectivos lamentó que los presupuestos en los servicios sociales se recortan un 14 por ciento y se ha pasado de dedicar 146 euros por habitante y año a 126.

"Se invierten cuatro millones menos en la Dirección General de Protección al Menor, 76 millones menos en la de Políticas Sociales, un millón menos para el Instituto Canario de Igualdad y 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda".

Es decir, agregó, "no son presupuestos de marcado carácter social, como expresan los responsables públicos", criticó Borges.

Compensación "irrisoria"

El portavoz de los colectivos añadió que en Educación, los presupuestos de 2012 contemplan un "irrisorio" aumento de siete millones de euros, frente a los casi 200 millones "hurtados" a la enseñanza púbica en los años 2010 y 2011, mientras que los conciertos educativos con la enseñanza privada "siguen quedando intactos".