Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año han certificado la defunción de un proyecto de "gran importancia social y educativa" para las Islas: los auxiliares de conversación en inglés que desarrollaban su labor en los centros de enseñanza y que el Gobierno decidió suprimir cuando la Inspección de Trabajo advirtió de la ilegalidad de la fórmula empleada para contratarlos.

"En lugar de corregir este error administrativo, la Consejería ha optado por cargarse el proyecto", lamentó ayer José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias, quien criticó la negativa del Parlamento regional y de los grupos políticos que lo componen a asumir la demanda social, plasmada en las más de 4.000 firmas recogidas -actualmente van por 5.000, precisó-, para continuar con esta iniciativa.

Los alrededor de 330 auxiliares, que formaban parte de un proyecto que funcionaba en Canarias desde el curso 2001-2002, quedarán en la calle sin que la Administración, explicó Barroso, haya ni siquiera considerado las alternativas que se han puesto sobre la mesa para permitir su continuidad, y que implicaban que estos trabajadores renunciaran a denunciar al Ejecutivo por su situación laboral irregular.

"En una economía basada fundamentalmente en el turismo, no podemos permitirnos prescindir de proyectos como éste y deberíamos trabajar en la línea de fomentar el multilingüismo", razonó el dirigente sindical

Los auxiliares de conversación en inglés han permitido "mejorar la competencia del profesorado de aquellos centros que disponen de este recurso, así como la competencia lingüística y cultural de los alumnos", como ha recogido el Consejo Escolar de Canarias, a lo que CCOO añade que "está demostrado que a edades tempranas aumentan las posibilidades de asimilación de las lenguas extranjeras".

El Consejo Escolar ha recomendado, en su informe sobre la planificación del curso 2011-2012 por la Consejería de Educación, que se potencien medidas como ésta en todos los niveles educativos y que se les dé prioridad en "las edades tempranas, la escolarización obligatoria y aquellos contextos donde más se necesiten".

La utilidad del proyecto ha quedado demostrada, según el sindicato, por la obtención del sello europeo a la innovación educativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

A mediados de este año, la Inspección de Trabajo sancionó al Gobierno sobre el régimen de contratación de los auxiliares, que contaban con contrato de autónomo y, sin embargo, ejercían funciones regladas internamente por la Administración, por lo que debían ser contratados por cuenta ajena. Algunos de ellos anunciaron luego la presentación de un recurso contra la Consejería. Dado que ésta no ha arbitrado fórmulas que posibiliten la continuidad de estos trabajadores -sea como becarios, tal y como son contratados por el Ministerio de Educación, o integrándolos en listas mediante concurso de méritos-, la pervivencia del proyecto parece inviable.

Comisiones Obreras exige, en este sentido, que se busquen "vías de diálogo para lograr, desde la negociación, la recuperación y posterior consolidación de este programa y la normalización y legalización de las contrataciones del personal".