El Gobierno canario ha acordado hoy con las dos patronales y los sindicatos UGT y CCOO un calendario negociador para consensuar en tres meses la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), en un proceso que incluye la participación ciudadana por ser "la ley más importante de Canarias".

Así lo ha informado hoy el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad regional, Javier Ortiz, tras reunirse con los presidentes de las confederaciones empresariales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Sebastián Grisaleña y José Carlos Francisco, respectivamente, y con dirigentes de los sindicatos, quienes, al igual que los empresarios, valoraron el paso dado por el Gobierno.

El secretario general de UGT, Gustavo Santana, ha señalado que hasta ahora solo se había tenido en cuenta la opinión de los empresarios, por lo que ha aplaudido la iniciativa del Gobierno que permitirá a los sindicatos "poner el acento en la parte social y del empleo".

El representante de CCOO, Pedro Costeras, ha manifestado que en el nuevo REF se debe potenciar más la parte económica que fiscal y debe ser una "potente herramienta" para proteger la producción canaria y cambiar el modelo económico de las islas, por ser el responsable del alto paro que afecta a Canarias.

Así, Costeras ha señalado que el REF debe jugar un papel importante para incrementar el sector industrial y agrícola, este último no solo orientado a la exportación sino también a la producción local para aprovechar la población flotante turística, y potenciar la Zona Especial Canaria, que ha permitido crear 3.000 empleos.

Costeras también ha incidido en que en el nuevo REF, la Reserva de Inversiones Canaria, debe tener una estrecha relación con el mantenimiento y la creación de empleo, que hasta ahora ha sido una opción.

El consejero, que ha hecho hincapié en que el objeto de la reunión de hoy era acordar el calendario negociador y no sobre los aspectos a reformar, ha señalado que la reforma debe incluir tanto aspectos económicos como fiscales, y ha señalado que el documento aprobado por la Cámara regional en la anterior legislatura servirá de base.

Ortiz ha apuntado que habrá que reformar la RIC, que debido a la situación de crisis no está sirviendo para generar más riqueza y empleo, y adecuar nuevos instrumentos que permitan la diversificar la economía canaria y crear puestos de trabajo, además de desarrollar aspectos que contiene REF, como las líneas ICO financiación, que no se han puesto en marcha, o introducir tasas medioambientales, entre otras muchas cuestiones.

"Necesitamos medidas económicas y fiscales que apunten a esa dirección y que, además, sean capaces de responder a los diferentes ciclos económicos", ha señalado el consejero, quien también ha hecho hincapié que otro de los objetivos es que el nuevo REF para el periodo 2014-2020 aporte seguridad jurídica y permita superar la complejidad de interpretación y de aplicación del texto actual.

El representante de la patronal tinerfeña ha recalcado que al igual que el actual REF, aprobado en 1994 ha durado 25 años, como mínimo el nuevo que hoy se empieza a negociar debe durar otros tantos, por lo que debe ser una ley que se ajuste "a lo que Canarias y el mundo demandan en este primer tercio del siglo XXI".

Grisaleña también ha subrayado la importancia de la ley del REF, y ha dicho que desde el punto de vista fiscal "ha sido extraordinario para Canarias, porque ha creado puesto de trabajo y riqueza", si bien ahora es necesario introducir nuevos aspectos.

La Consejería, para iniciar el debate, remitirá la próxima semana un cuestionario a las organizaciones empresariales, profesionales y sindicales, entre otros, con el fin de recibir sus opiniones.

Con posterioridad, también estará a disposición en la web del Gobierno para que los ciudadanos que quieran puedan exponer sus ideas, según señala en un comunicado la Consejería.

El objetivo de la Consejería es concluir durante los meses de marzo-abril un documento de bases para remitirlo al Parlamento de Canarias.

Una vez aprobado en la Cámara regional, la Consejería elaborará un texto articulado que tratará con el Gobierno de España antes de elevarlo a las autoridades comunitarias.

Además de la participación de los agentes económicos y sociales, la reforma del REF necesita de una actuación conjunta de la administración autonómica y de la administración general del Estado, y también deberá contar con la aprobación de la Unión Europea ya que muchos preceptos están considerados como ayudas de Estado, ha indicado el consejero.

"Por lo tanto, es de gran importancia que Canarias acuda al resto de las administraciones públicas con una propuesta única, fruto del debate y de la máxima participación", ha insistido el consejero.