El secretario de Organización del PP canario, Manuel Fernández, ayer dejó claro que la "última" palabra en el asunto de las prospecciones de petróleo en aguas del Archipiélago es la del Estado porque suyas son las competencias en exclusiva en esta materia.

Así contestó a los planteamientos de CC y del PSC que abogaron por la inclusión de los cabildos -además de la propia comunidad autónoma- en un debate con el Estado sobre este asunto.

Fernández, en sintonía con el planteamiento del presidente del CCN -socio del PP en el ámbito estatal, pero de CC y el PSC en el regional-, Ignacio González, insiste en que "no se puede jugar con 300.000 parados", por lo que "no se puede permitir" que el beneficio potencial del petróleo "se lo lleve Marruecos y nos quedemos en la otra orilla mirando cómo se lo llevan y que nuestros parados vayan a ese país a buscar trabajo".

Fernández remarca que las estadísticas demuestran la baja incidencia de accidentes en las instalaciones petrolíferas, que es uno de los argumentos que esgrimen nacionalistas y socialistas al poner condiciones a las prospecciones en las Islas.

"Lo peor sería que dentro de 10 años veamos el desarrollo de Marruecos y nosotros aquí, pidiendo agua por señas: entonces veremos que no había un peligro especialmente alto", apunta.

Y por ese motivo, ve "bien" que el Gobierno del Estado abra líneas de diálogo con el Ejecutivo regional, "pero otra cosa son los acuerdos", matiza a continuación.

"La última palabra es de quien tiene las competencias exclusivas, que es el Gobierno central", zanja tajante. "El Estado es quien puede tomar la decisión que crea conveniente", insiste.

"Que los cabildos sean consultados depende de lo que decida el Gobierno de España, pero no se puede permitir que esto sea un reino de taifas: ya hay un gobierno que representa a todos los canarios, que es el de la comunidad autónoma. ¿Por qué los cabildos y no los ayuntamientos? ¿Y por qué no mejor las asociaciones de vecinos?", ironizó.

"El problema es que, sí o sí, se harán las prospecciones porque Marruecos ya las autoriza y si no accedemos al petróleo, el beneficio se lo lleva todo Marruecos", remató.

Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Fajardo, insistió en que los cabildos deben ser consultados en este asunto. "La decisión final debe ser consensuada con independencia de que la competencia sea del Estado porque ese es el compromiso entre el Gobierno central anterior y el Archipiélago, y claro que hay que incluir a las Islas que pueden resultar afectadas en caso de un vertido en sus costas y afecte al turismo", apuntó. Por eso, "antes de autorizar las prospecciones, debería haber un flujo de información necesario entre el Estado y Canarias para que la comunidad autónoma la traslade a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, en un plano de lealtad", insistió.

Por su parte, la diputada nacional de CC, Ana Oramas, solicitó "abrir una línea de diálogo" con el Gobierno regional y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura sobre las prospecciones en el marco de varias preguntas que presentó en el Congreso destinadas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al que le pide que desvele la hoja de ruta trazada con respecto a rescatar las nueve autorizaciones otorgadas en 2001 a Repsol.