Ayuntamientos deficitarios, algunos de ellos con problemas para afrontar sus pagos a proveedores, poco inversores, pero que, a pesar de ello, han logrado aumentar la recaudación por la vía de tasas e impuestos en los últimos años, probablemente gracias a un aumento de la presión fiscal.

Esta es la radiografía de 87 municipios canarios -todos menos El Pinar- que arrojan las auditorías que obran en poder del Gobierno para el reparto de los 226,41 millones de euros del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio de 2011.

Los resultados de estos estudios, difundidos ayer por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, indican que al menos 27 ayuntamientos -cuyos nombres no quiso el Ejecutivo hacer públicos- no cumplen los ratios en cuanto al remanente de tesorería. Esto es, que tienen o pueden tener escaso margen de maniobra "para atender sus obligaciones con terceros", según el propio informe oficial.

Más extendidos que los problemas de liquidez son los déficits de las arcas municipales. Sesenta y cuatro ayuntamientos presentan tasas negativas en la diferencia entre gastos ordinarios e ingresos corrientes.

Tal y como explica el documento, esta situación se traduce en "una merma de las posibilidades de financiación de gastos de inversión con cargo a recursos propios".

No obstante, el endeudamiento se mantiene en niveles razonables, al menos según los criterios gubernamentales. Los municipios debían en 2010 -el año que se toma como referencia para el reparto de 2011- algo más de 789,7 millones de euros de forma global. Sesenta y ocho de ellos se mantienen en parámetros adecuados.

Lo que no parece haber mermado con la crisis son los ingresos municipales provenientes de tasas e impuestos, a pesar del descenso de la actividad económica.

Si los ayuntamientos canarios recaudaron 731 millones de euros en 2009, un año después lograron 807,4 millones, un 10% más.

Podría argumentarse que esto se debió a una mejor eficacia en la recaudación y no a un aumento de la presión fiscal.

Pero, al analizar las cifras, se puede ver que la mejora de la recaudación pasó de un 78,7% a un 79% en un año. Apenas tres décimas. Una cifra insuficiente en comparación con el dinero que ingresaron en caja las arcas locales.

Las necesidades de otro tipo han hecho que la mejora de la recaudación no se vea reflejada en el capítulo de inversiones realizadas.

Las auditorías oficiales revelan que en el periodo 2009-2010 se invirtieron 412 millones de euros de manera total, lo que supone solo un aumento del 1% de media. Solo creció en 32 ayuntamientos, mientras que en otros 55 se produjo un descenso. De los 19,5 euros de cada cien invertidos en 2009 se pasó a apenas 18,5 un año después.

Debido a que el fondo es voluntario -si bien participan de él todos los municipios-, el Gobierno evita dar los datos de aquellos cuyas cifras son negativas y solo los hace públicos en los casos -muy pocos- en los que se cumplen todos los requisitos de buena gestión económica y fiscal.

En el período estudiado fueron solo tres los que presentaron una situación envidiable: Guía de Isora (Tenerife), Alajeró (La Gomera) y La Oliva (Fuerteventura). Por el camino ha quedado un cuarto municipio que en 2009 sí cumplía y cuyo nombre no fue hecho público por el Ejecutivo.

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