Una sentencia judicial puede poner de nuevo del revés el sistema de listas del profesorado interino y sustituto en Canarias. Si los sindicatos exigen cada día con mayor contundencia la reforma de la normativa actual -que equilibra los criterios de antigüedad y nota de las oposiciones- para favorecer los intereses de los docentes interinos con más años de servicio a sus espaldas, otro colectivo, los llamados Aprobados sin Plaza, ha obtenido una victoria en los tribunales en su lucha, que va en sentido contrario, pues reclaman que los resultados de los procesos selectivos sean el factor predominante a la hora de ocupar los mejores puestos en las listas.
Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha atendido el recurso de este grupo -formado por opositores que aprobaron pero sin conseguir plaza- contra los nombramientos docentes del curso 2009-2010. La decisión del tribunal tendría un efecto puramente simbólico -al referirse a un ejercicio ya finalizado- si no fuera porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debe entrar en el fondo del asunto: la legalidad o no de la normativa que regía estos nombramientos.
Para terminar de complicar aún más el problema, esta norma ya no está vigente: fue sustituida por el polémico "decretazo" que ahora los sindicatos de la enseñanza quieren modificar. Sin embargo, todavía afecta a los trabajadores de aquellas especialidades en las que no se han convocado oposiciones desde entonces, que siguen en los mismos puestos de las listas. También permanecen en idéntica posición quienes no solicitaron el cambio tras la reforma legal, ya que la Administración no actuó entonces de oficio.
Pero la sentencia también puede tener consecuencias sobre el actual modelo de listas, que da el mismo peso a los resultados de las oposiciones y a la experiencia. La demanda de los Aprobados sin Plaza incluye una propuesta sobre los criterios por los que se debe guiar el sistema y, basándose en el Real Decreto 276/07 -que regula el ingreso en los cuerpos docentes-, sugiere que la oposición suponga dos terceras partes del total y la experiencia -los méritos- el tercio restante.
La Consejería de Educación del Ejecutivo regional ya ha adelantado que, pese a respetar las decisiones de la Justicia, recurrirá la sentencia ante el TSJC.
La polémica alrededor de las listas de reserva arrancó a comienzos del curso 2009-2010, cuando el Gobierno anunció su intención de reformarlas, una decisión en la que pudo tener algún peso una sentencia anterior, posteriormente anulada por defectos de forma, que determinaba que los procedimientos utilizados suponían una "vulneración flagrante" de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
El proceso afectó a varios sectores de la Administración, motivó protestas y manifestaciones y concluyó con una nueva norma que no satisfizo a nadie.
la clave