El consejero regional de Economía, Hacienda y Justicia, Javier González Ortiz, admite que la rebaja de la calificación de la deuda canaria por parte de la agencia Standard & Poor''s (S&P) desde "A+" hasta "A" dificultará la emisión de la deuda ya autorizada, si bien deja claro que esa complicación adicional "no tiene por qué" traducirse en un mayor coste en intereses para la Comunidad al intervenir otros factores en la salida a los mercados, aparte de las opiniones de las agencias de ese tipo.
Ortiz descarta que la rebaja de la calificación de la deuda canaria implique de forma necesaria intereses más altos para poderse colocar en los mercados. "No necesariamente los intereses están fijados en función de las condiciones que se negocien y también tiene que ver con el riesgo que asuman los mercados y no solo con la calificación".
Para Ortiz, la rebaja de la calificación de la deuda canaria es consecuencia de que la calificación de la deuda de las autonomías no puede estar por encima de la nacional -algo que S&P explicó el pasado lunes- por lo que en ese marco hay que entender la medida.
"Desde luego que la rebaja supone una mayor dificultad para conseguir financiación", indicó el consejero. "Por eso está planteado buscar mecanismos alternativos", apuntó, como la apertura de una línea ICO por parte del Estado a las autonomías o facilitar sistemas de créditos a las regiones, tal y como se acordó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Algunos planteamientos del Estado son excesivos y habrá que discutir más".
A pesar de las dificultades actuales en los mercados para colocar deuda, Ortiz insiste en la importancia de que la comunidad disponga de la autorización legal para emitirla "cuando surja la oportunidad", lo que podría ocurrir pronto pese a la coyuntura. "La ventana de oportunidad es temporal, no está abierta durante meses", explicó.
Sobre la futura de Ley de Estabilidad, el consejero advierte de que habrá que ver cómo se sustancia la norma al ser preguntado por la previsible exigencia del Estado a las autonomías para que fijen su techo de gasto cada mes de agosto, las líneas presupuestarias en octubre a más tardar, y tengan que rendir cuentas sobre la ejecución de sus cuentas mes a mes, en vez de la forma trimestral actual.
En principio, a Ortiz "le parece bien" que se establezca un techo de gasto al estar las autonomías "muy condicionadas" por los PGE, por lo que estas tendrán dificultades en aprobar sus cuentas si no conocen las transferencias del Estado. Sobre la revisión mensual de la ejecución presupuestaria, "es incrementar los controles, más burocracia y complejidad administrativa, pero está bien". Distinto es, matizó, "plantear controles previos por parte del Gobierno central a lo que nos oponemos", insistió.