Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) emitió un informe favorable solicitado por el Parlamento sobre la proposición de ley para cambiar la norma que regula ese órgano.
En concreto, la modificación -propuesta por los grupos nacionalista y socialista- busca rebajar la mayoría calificada para el nombramiento de cuatro de sus siete miembros por parte de la Cámara de los dos tercios actuales (40 escaños) a tres quintos (36 diputados, que son justo los que reúnen ambos grupos).
El órgano da su conformidad al considerar que la iniciativa se encuentra dentro de la legalidad, pero recuerda que ya hay mecanismos que aseguran la renovación -y la independencia- de su composición al margen de la mayoría calificada.
Aunque el informe admite que el cambio "podría llegar a tener una incidencia mayor sobre la caracterización institucional" del órgano, su conclusión es que la propuesta "es conforme a derecho".
Los dos votos particulares los emitieron el presidente de la institución, Carlos Millán, y Francisco Reyes, que avala la argumentación del primero en su reserva a la conclusión del dictamen.
Millán critica que la proposición de ley achaque la falta de renovación de sus miembros a la barrera de la actual mayoría calificada cuando "cuanto mayor respaldo exista sobre las propuestas de nombramiento de consejeros por parte de los parlamentarios, mayor garantía de objetividad e independencia existirá en el ejercicio de la función consultiva".
También apunta que "la independencia e imparcialidad se garantiza a través de diversos instrumentos jurídicos", como la inmovilidad, el régimen de incompatibilidades y el propio reforzamiento de la mayoría para las designaciones.
En este sentido, apunta que la independencia e imparcialidad "disminuye si el legislador reduce la mayoría actual", lo que afecta "al equilibrio de distribución existente incrementando con ello la politización institucional y negativamente la credibilidad de la función".
Aparte de disentir sobre el procedimiento para su tramitación, Millán observa que "no es asumible racionalmente que la falta de renovación de los miembros se deba exclusivamente al supuesto bloqueo al que se alude".