La creación de un nuevo ente público para la gestión de los puertos autonómicos es recibida por los grupos parlamentarios con cautela, si bien todos admiten -y recuerdan- que es una obligación impuesta por la ley aprobada en 2003 y modificada en 2007 por unanimidad. El más crítico es el principal partido de la oposición, el PP, que ve inoportuno ponerlo en marcha ahora y deja claro que vigilará para que no termine convirtiéndose en otro Gesplan.

Así lo manifestó ayer el diputado por esta formación, Miguel Jorge, que si bien reconoce que la constitución de este organismo es una obligación legal, matiza que "no parece apropiado" implantarlo "justo ahora cuando la ley daba al Gobierno un año para hacerlo". "El organismo debió constituirse en el plazo legal", remata.

Para Jorge, en un momento en que "todas las administraciones de España están en una fase de restricción y reducción" no parece "adecuado" que se constituya un nuevo organismo autónomo, "aun reconociendo que había que crearlo y el PP no se opuso a esa ley", aclara.

"Estamos de acuerdo en la filosofía general que marca la constitución de ese ente, pero también debe enmarcarse en el plan de reducción del sector público que tiene el Gobierno", insiste Jorge. "No es un no radical a su puesta en marcha, pero ahora no es el momento oportuno", remarca.

Jorge también apunta que "es verdad" que las empresas y organismos accesorios a la Administración tienen un sistema de control y fiscalización "diferente y probablemente más laxo que el que tienen los propios servicios generales de la Administración, lo que no debe ser así, y más en un momento de control y restricción presupuestaria", al referirse al mecanismo por el que será gestionada el área a partir de ahora.

"Todo el personal de la actual dirección general debe integrarse en el nuevo ente y se debe impedir de forma rigurosa que su creación dé pie a nuevas plazas de trabajo", advierte. "Lo que deben hacer, en todo caso, es reasignar personal superfluo de otras áreas ociosas de la Administración, lo que es un plan perfectamente viable", señala sobre la posibilidad de que el ente necesite incorporaciones futuras de personal, como adelantó el miércoles el director general del área, Juan José Martínez.

"Esto no se puede convertir en un nuevo Gesplan, que sirvió para contratar a todo el mundo y se convirtió en un gobierno paralelo que hace de todo. El PP se opone a eso", dejó claro Jorge.

Por su parte, el diputado socialista Julio Cruz admite que la creación del ente es una imposición legal y recuerda que las leyes presupuestarias desde su entrada en vigor contemplan que debe dotarse de fondos cuando el ente se constituya. "El Gobierno tiene que adoptar una decisión sobre este asunto, pero no puede costar más de lo que está destinado a esta materia en los presupuestos", advierte Cruz.

El diputado nacionalista José Luis Perestelo señala que es "consciente" del debate sobre la reducción de los organismos autónomos. "Si existen es porque alguien creyó en su día necesario crearlos. Cerrar por cerrar es tan malo como crear por crear", afirma tajante sobre la postura del PP.

Como Cruz, descarta que la gestión del ente vaya a ser más opaca que si se mantiene dentro de la consejería del área.