El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha aclarado que el Derecho Internacional no es aplicable en el caso de las prospecciones petrolíferas, puesto que éste no interfiere en la forma en la que los Estados se reparten internamente sus competencias, "algo que parece ignorar claramente el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria".

En relación con las últimas manifestaciones del ministro, Ríos ha explicado en una nota de prensa que la autorización para realizar prospecciones es "un asunto interno, propio del Estado de las autonomías que consagra la Constitución Española, que nada tiene que ver con el derecho internacional". "Tanto da que las otorgue el Ministerio de Energía que la Consejería del ramo del Gobierno de Canarias", añadió.

De acuerdo con este argumento, la discusión en este momento se centra en quién autoriza dentro del propio Estado español. En este sentido, Ríos ha considerado que es el Estatuto de Autonomía y la Ley de Aguas Canarias "la base jurídica para que sea la Comunidad Autónoma la competente para autorizar las prospecciones".

La Ley de Aguas Canarias vigente establece que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean al archipiélago sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto para dichos espacios como para los terrestres.

"Además, --recordó Ríos-- nuestro Estatuto nos atribuye competencias de desarrollo normativo y ejecución en energía, es decir, en prospecciones petrolíferas, sean en tierra o en el mar, como es este caso".

El comisionado ha subrayado que Soria "no tiene credibilidad ninguna porque hay que decir alto y claro que cuando era vicepresidente recurrió con el Gobierno de Canarias hasta cuatro leyes estatales, alguna de su actual Ministerio, porque determinadas competencias, en contra de lo que establece nuestro Estatuto, se las arrogaba el Estado".

"Fue Soria quien como vicepresidente lideraba las negociaciones con el Gobierno del Estado y, al no llegar a acuerdos con los distintos ministerios, se recurrieron esas normas al Tribunal Constitucional, las cuales están pendientes de sentencia", insistió.

De la misma manera, Ríos contradijo las declaraciones de Soria sobre el negativo impacto medioambiental de las prospecciones al considerar que "en absoluto garantizan que no haya riegos para la diversidad marina de Canarias, para sus costas y para el turismo". "De hecho, ha retomado las autorizaciones sin siquiera actualizar la información medioambiental desde hace casi 10 años", concluyó.