La Consejería de Educación confirmó ayer lo que parecía inevitable desde hace semanas: Canarias no convocará oposiciones a la enseñanza durante este año. Resignado a la imposibilidad de ampliar el número de plazas, inicialmente fijado en 81, y enfrentado a la oposición de la mayoría de los sindicatos, el departamento que dirige José Miguel Pérez ha bajado definitivamente los brazos y ha comunicado a los representantes de los trabajadores que la oferta de empleo público docente tendrá que esperar a tiempos mejores.

La Mesa Sectorial de Educación, que reúne a la Administración educativa y a las organizaciones sindicales, puso fin a las esperanzas de los aspirantes a profesor y, el mismo tiempo, llevó la tranquilidad a un buen número de docentes interinos y sustitutos que veían peligrar sus puestos en las listas de reserva ante la obligación de presentarse a las pruebas.

El real decreto ley de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, aprobado por el Consejo de Ministros el penúltimo día de 2011, restringe las ofertas de empleo público al 10% de la tasa de reposición -es decir, del total de trabajadores públicos del sector que causaron baja, por jubilación o fallecimiento, el año anterior-, lo que, en el caso de Canarias, limita a 81 el volumen máximo de plazas que pueden convocarse en las oposiciones a Secundaria.

Desde entonces, la Consejería no ha dejado de manifestar su intención de celebrar las oposiciones, pero siempre que el Ministerio de Educación atendiera su petición de aumentar el número de plazas. Las fórmulas que manejaba el Gobierno autónomo pasaban por incorporar las plazas de otros sectores que, como la sanidad o la justicia, no pueden convocar oferta de empleo público este año. De esta manera, pretendía elevar las plazas hasta unas 180.

"En contra de los que nos hubiese gustado, de lo que creemos adecuado, no convocaremos las oposiciones para Secundaria y Bachillerato este año 2012", anunció ayer José Miguel Pérez, que carga la responsabilidad de esta "dolorosa" decisión sobre las espaldas del Ministerio por "cambiar las reglas del juego". A juicio del consejero, el Ejecutivo central ha impedido que se pueda sacar el número de plazas aconsejable y ha creado inseguridad jurídica, además de cambiar a última hora los temarios de las oposiciones.

Pérez rebatió que la congelación de los procesos selectivos constituya una medida económica. "Que se sepa que así se incrementa el gasto, porque los interinos cuestan más que los funcionarios. En Canarias nos vamos a tener que gastar un millón de euros más como mínimo para poder reponer las tasas de aquellos que se jubilaron en el año 2011", advirtió.

Una vez ha renunciado a convocar oposiciones este año, el Gobierno regional pretende hacerlo el que viene y persuadir al Ministerio de que le permita ir más allá de la cobertura de la tasa de reposición, de manera que la oferta de empleo público docente se ligue no a ésta, sino a la tasa de interinidad, que en el Archipiélago es del 15%, una de las más elevadas del país.

También el sindicato ANPE, mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, criticó la "cerrazón" del Ministerio de Educación, que ha determinado, a su juicio, que "se haya perdido otra oportunidad para estabilizar las plantillas docentes". En cambio, esta organización agradeció a la Consejería su "talante negociador" y valoró que Pérez asistiera a la reunión de la Mesa Sectorial, en la que habitualmente la Administración está representada por el director general de Personal.

ANPE era el sindicato que más favorable se mostraba a la convocatoria de oposiciones, siempre, eso sí, que fueran asociadas a un número significativo de plazas. Ante las dificultades por ampliar el cupo, el resto de organizaciones fue retirando progresivamente su apoyo a la celebración del proceso selectivo.