La Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias expresó ayer su rechazo a que los ayuntamientos contraten como personal eventual a asesores jurídicos externos que además sigan ejerciendo la abogacía en el ámbito privado, por problemas de compatibilidad.

La Viceconsejería hizo estas consideraciones en una resolución por la que advierte a la alcaldesa de Yaiza (Lanzarote), Gladys Acuña, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), de que impugnará la autorización que se ha concedido a la abogada contratada como asesora jurídica para seguir ejerciendo la abogacía.

La resolución incide en que se ha concedido a la letrada la compatibilidad "sin limitación alguna", ni siquiera la sugerida por el graduado social del Ayuntamiento, que planteó que si la nueva asesora seguía ejerciendo como abogada en el ámbito privado, al menos, lo hiciera fuera del municipio de Yaiza.

El Gobierno canario señala que hubiera sido procedente marcar otros tres límites: que el ejercicio de su profesión no menoscabara el desempeño de sus deberes con el Consistorio ni comprometiera su imparcialidad, que no se encargue en ámbito privado de asuntos relacionados con el Ayuntamiento y que su trabajo particular no suponga incumplimiento o cambio de su horario en el sector público.

La Viceconsejería entiende que la compatibilidad dada a la nueva asesora municipal "puede ir más allá del mero asesoramiento e implicar, en la función que le es propia, la presencia en juzgados y tribunales, en horario que pudiera resultar coincidente con el ejercicio en su función en la entidad local".