El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, afirmó hoy que Repsol está desarrollando en los últimos días una "agresiva política comercial", una "campaña de marketing" y una "subasta" sobre la eventual creación de empleos para justificar las prospecciones petrolíferas que quiere realizar en aguas cercanas a las islas.

Martín Marrero reiteró en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional va a hacer todo lo que esté en su mano para paralizar una posible autorización de esas prospecciones por parte del Gobierno central.

Entre esas medidas, se está trabajando con celeridad para aprobar un impuesto o tasa disuasoria sobre el petróleo que haga que no sea rentable su explotación en Canarias.

Martín recordó que el Gobierno de Canarias, con el apoyo del Parlamento y de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, está decidido a impedir que se realicen unas prospecciones que entiende que pondrían en peligro el medio ambiente y el sector turístico en esas dos islas.

Repsol anunció esta semana que la eventual explotación de petróleo cerca de las costas canarias produciría 5.000 o 50.000 empleos en las islas (según el medio de comunicación que se consulte) algo que, según Marrero, forma parte del marketing y de la "agresiva política comercial, que no informativa", de esta compañía.

Es "un baile de cifras que parece más bien una subasta" y en todo caso se trata de una horquilla tan distante en cuanto a número de empleos que "es mareante", comentó.

El portavoz del Gobierno de Canarias subrayó que "no es negociable" la sostenibilidad de Fuerteventura y Lanzarote y aseguró que "lo real" es la cifra de empleos que da el turismo a esas dos islas.

Marrero afirmó que el riesgo del petróleo para el turismo y el medio ambiente "no es un riesgo apocalíptico" sino que se basa en los propios datos de Repsol sobre los 7.000 incidentes que han registrado sus explotaciones en los últimos cinco años.

Además del impuesto o tasa disuasoria, el Ejecutivo canario utilizará todos los medios legales para paralizar las prospecciones en el caso de que el Gobierno central finalmente las autorice.