Mientras los ayuntamientos se afanan en recopilar facturas de proveedores para presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del próximo miércoles, autónomos y pymes defienden que el pago se efectúe por orden de antigüedad, y que se eviten las quitas.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Canarias (UPTA), por ejemplo, manifiesta que cualquier solución "es positiva" en estos momentos, después de "muchos años" de facturas impagadas por parte de la administración local a los proveedores.

El coordinador de UPTA Canarias, Alexis Serra, rechaza, no obstante, que los autónomos tengan que renunciar a parte del principal y a todos los intereses generados por el retraso del pago. "Es injusto que el pequeño autónomo tenga que costear estas quitas", apunta.

Serra propone que las deudas menores de 10.000 euros contraídas hace más de tres meses tengan prioridad en el pago. "Son estas las deudas que están contraídas con el colectivo de pequeños autónomos, que es el más débil", aclara Serra, pues las grandes empresas tienen sus propios "mecanismos" para "aguantar" estas situaciones.

En esta línea, Lola Pérez, directora del Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, aboga también por que sean las deudas más antiguas -sin especificar cantidad- las primeras que se solventen por parte de los ayuntamientos. "Un señor que lleva sin cobrar una factura desde 2006 tiene que tener preferencia sobre uno que acaba de realizar el trabajo", matiza.

Pérez también se muestra en contra de que se puedan establecer quitas de las deudas con las administraciones. "Entiendo que no se devuelvan intereses de demora porque muchos llevan años sin cobrar, pero de ahí a que se convierta en un mercadeo de facturas no se entiende", aclara Pérez, quien precisa que así se asfixia al que está más "apurado", pues tendrá la tentación de rebajar esa deuda con la administración con tal de cobrar.

Con todo, considera "muy positiva y necesaria" la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pues gran parte de los problemas de la pequeña y mediana empresa pasan por la falta de liquidez y la morosidad tan importante que tienen con la administración pública. "Permitirá que las empresas recuperen capital y que se eviten posibles cierres", asegura. "Es un balón de oxígeno", subraya.

Lola Pérez estima, además, que la puesta en marcha de esta norma dará mayor "transparencia y conocimiento" de la deuda real de las administraciones públicas.