Con el incendio político generado por la decisión del Consejo de Ministros de autorizar las prospecciones en aguas cercanas a Canarias en su máximo grado de combustión, este periódico tuvo acceso ayer al informe en el que la Abogacía del Estado echa por tierra los principales argumentos con los que el Gobierno de Canarias ha amenazado con frenar en los tribunales las catas petrolíferas que pretende realizar la empresa española Repsol.
Realizado a petición del subsecretario del departamento de Industria del Ejecutivo central, el informe elaborado por el abogado del Estado, José Ramón Mourenza Díaz, concluye que es el Gobierno de España, y no las comunidades autónomas, quien cuenta con todas las competencias para autorizar los permisos necesarios para llevar a cabo la búsqueda del petróleo.
Cabe destacar que es en este documento en el que el ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige el canario José Manuel Soria, se ha basado para dar el paso definitivo con respecto a las prospecciones petrolíferas.
En su escrito, el abogado del Estado recuerda que si bien el artículo 149 de la Constitución Española no hace expresa referencia a la materia en cuestión, tampoco se hace mención alguna a los hidrocarburos en el artículo 148 de la Carta Magna, aquel que enumera las materias las competencias de las comunidades autónomas.
Es más, la Abogacía del Estado añade que aunque en el artículo 149.3 de la CE se señala que "las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos", no es menos cierto que el Estatuto canario "no contiene" previsión alguna sobre esta materia.
Por tanto, y aunque el artículo 31.2 del texto estatutario atribuye a Canarias la competencia exclusiva en materia de Industria, lo es, dice el abogado del Estado, "sin perjuicio de lo que determinen (...) las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear".
Por todo ello, concluye Mourenza Díaz, "las competencias sobre materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderán el Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que esté atribuido a la exclusiva competencia de estas".
"La competencia para el otorgamiento (y, por ende, para la eventual convalidación de cualquier acto de concesión) de los permisos de investigación de hidrocarburos en el subsuelo marino, como los que fueron objeto del Real Decreto 1462/2001, corresponde a la Administración General del Estado", abunda el abogado estatal.
Aguas canarias
Pero las conclusiones de la Abogacía del Estado van aún más allá, y hacen referencia también a las denominadas "aguas canarias" de la Ley 44/2010. Cabe precisar que esta norma fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y, aunque los nacionalistas canarios la "vendieron" como un gran logro para las Islas, desde el Partido Popular se insistió en que, desde el punto de vista legal, no cambiaba en nada las competencias del Archipiélago.
En este sentido, José Ramón Mourenza Díaz precisa que la configuración de tales aguas como "especial ámbito marítimo" de la Comunidad Autónoma de Canarias "no determina" la simultánea atribución a esta del ejercicio en dicho espacio de toda clase de competencias. Es más, el abogado del Estado precisa que, "muy al contrario", lo cierto es que, como señala el apartado 2 del artículo único de la citada norma, "el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias, y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres".
"La delimitación de las denominadas aguas canarias, a resultas de la Ley 4/2010, de 30 de diciembre, no tiene incidencia alguna en el reparto de competencias preexistente", sentencia la Abogacía estatal.
"La competencia del Estado para el otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos en las zonas de subsuelo marino, que antes se ha afirmado con cita de los preceptos constitucionales, estatutarios y legales de aplicación, no se ve en nada afectada por la ley 44/2010, de 30 de diciembre, debiendo por ello ser aseverada, incluso, si tales permisos se proyectasen sobre las denominadas aguas canarias que en dicho instrumento legal se definen", añade Mourenza Díaz.
"Ello es más evidente por lo que a los concretos permisos de investigación objeto del Real Decreto 1462/2011 atañe", concluye el abogado del Estado, "toda vez que su ámbito territorial se ubica, por completo, fuera de la línea perimetral que delimita las tantas veces aludidas aguas canarias, e incluso, más allá de la línea del mar territorial, dentro ya de la zona económica, regulada en la Ley 15/1978, de 20 de febrero, y sobre la que el Reino de España no ejerce, en rigor, soberanía territorial, pero sí ostenta, como señala el artículo 1 de la citada norma, derechos soberanos a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas suprayacentes, cuyos recursos naturales forman parte, en todo caso, del dominio público estatal, de acuerdo con el artículo 132.2 de la CE".
reacciones
Catorce barriles al mar cada día, según el PSC-PSOE
El diputado del grupo socialista José Ignacio Álvaro Lavandera afirmó ayer que el riesgo de vertidos desde plataformas petrolíferas marinas no es una probabilidad, sino algo cierto que está cuantificado y precisó que cada año se vierten al mar 130.000 toneladas de petróleo. Lavandera precisó en una nota que la pérdida y el derrame crónico de petróleo asociado a su producción en el mar es de 100 kilos por cada cien toneladas extraídas. Además, advirtió de que con las previsiones más pesimistas de producción, unas 140.000 toneladas, se verterían al mar 14 barriles diarios, o, lo que es lo mismo, 2.226 litros, y matizó que se trata de "datos ciertos y contrastados y no de probabilidades de accidentes".
El parlamentario socialista destacó que la seguridad de las instalaciones industriales tiene que ser una máxima "pero por el momento no está garantizada en el caso de las prospecciones en Canarias" y aseguró que para Fuerteventura y Lanzarote "van a ser del todo contraproducentes, porque no es que se asuman riesgos, sino que el daño medioambiental es cierto". Álvaro Lavandera explicó que el Ministerio de Industria tiene prisa porque en la actualidad se está tramitando en la Unión Europea un reglamento sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y gas mar adentro "que perjudicaría los intereses de Repsol, ya que es mucho más exigente y, por tanto, costoso a la hora de establecer garantías medioambientales".
El próximo día 20 la consejera de Industria del Gobierno canario, Margarita Ramos, se reunirá con el ministro del ramo, José Manuel Soria, para trasladarle su oposición a las prospecciones.
repsol
Los estándares más exigentes
Mientras las instituciones canarias claman contra la decisión del Consejo de Ministros de autorizar las prospecciones pretrolíferas en costas de Fuerteventura y Lanzarote, con la protección del medio ambiente como principal argumento, la empresa encargada de realizarlas defiende su modo de trabajar en este sentido. Repsol remarca que aplica los "estándares más exigentes" en países con una amplia tradición petrolera y un respecto medioambiental "sin igual", como Noruega y Canadá. Es más, asegura Repsol que está "colaborando" en la elaboración de la directiva europea de protección del medio ambiente, esa que las autoridades canarias aseguraron ayer que el Gobierno del Estado se ha querido saltar adelantando la autorización. "Repsol aplica una normativa más estricta que la exigible en muchos de los países en los que opera", remarca la compañía.
La petrolera reitera que el visto bueno del Consejo de Ministros a las prospecciones supone la "reanudación" de los permisos de investigación, y avanza que el "primer paso" consistirá ahora en la elaboración de un estudio de impacto ambiental, para lo cual se considera que se necesitará "un mínimo de dos años". Al mismo tiempo, aclara Repsol, el Ministerio de Fomento debe aprobar el Plan de Contingencias, que establece todas las medidas que se activarían en caso de un "hipotético incidente". Con la formulación de la declaración de impacto ambiental, siempre que sea positiva, se iniciaría el proceso de perforación de un sondeo exploratorio, a un mínimo de 60 kilómetros de la costa de Fuerteventura y a una profundidad de entre 3.000 y 3.500 metros -unos 1.000 de lámina de agua más otros 2.000 de subsuelo submarino-.