Los hechos se produjeron el 11 de noviembre de 2011, pero no fue hasta el pasado 12 de marzo cuando los trabajadores del Centro de Menores con Medidas Judiciales Valle Tabares recibieron una notificación de la empresa informándolos de que se procedería contra ellos.

El menor se fugó aprovechando un error en la confección de una lista de internos que tenían previsto participar en la programación de actividades externas que se realizan por parte del centro y la falta de identificación posterior.

A la altura del barrio lagunero de La Cuesta, el joven, que viajaba junto a sus compañeros, "amenazó al conductor con que si no paraba, se tiraba del coche en marcha", según relataron fuentes de los trabajadores al periódico EL DÍA.

Un fallo detectado ya con posterioridad en el segundo apellido de uno de los internos y cuyo nombre de pila y primer apellido coincidían con el que aparecía en el documento que autorizaba la salida fuera de las instalaciones, desencadenó que en lugar de ocho jóvenes salieran nueve, incluyendo al menor que protagonizó la evasión y que estuvo fuera un día hasta que fue localizado.

La Fundación Ideo, empresa que se encarga de la gestión de Valle Tabares y dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, a través de su departamento jurídico, ha procedido a abrir un expediente disciplinario en el que se responsabiliza al grupo de educadores y al resto del personal del turno en el que se produjo este episodio, por "no comprobar la identidad de los menores, no ejercer las funciones de coordinación y control en la fecha y forma señaladas".

Los trabajadores se defienden alegando que en la estructura organizativa ellos son el último eslabón y que justo en este asunto no pueden culpabilizarlos de dejar escapar al interno porque a "los mandados", como así se autodenominan, solo les corresponde la localización y traslado de los menores en el interior del centro y solo momentos antes de que comience la actividad. Además, apuntan, "nos enteramos el mismo día de cuáles son los nombres" de manera que en ningún caso habría capacidad para realizar el contraste de datos o el control al que se hace mención en el expediente disciplinario abierto.

Asimismo, afirmaron que el texto recoge claramente que la dirección del centro conoce un día antes de que se produzca la salida la relación de nombres, con lo que "pudieron comparar que esa persona no existía y que se había producido un cambio de apellidos". Según dijeron, la Fundación Ideo, a pesar de tener conocimiento de lo sucedido en su momento, decide tomar cartas en el asunto cuatro meses más tarde "para que prescribiera como falta porque estaba metido en el ajo el director, el coordinador de seguridad y la trabajadora social que es la que presenta la relación nominal. A ellos no se les puede incoar expedientes sancionadores. Esto pasa en prisión, por ejemplo, y el director tiene que dimitir", aseguraron.