El Gobierno de Canarias aprobó hoy un anteproyecto de ley por el que bajará el 5 por ciento de los salarios de los empleados públicos y subirá impuestos, para así mantener los servicios esenciales y no despedir a nadie, aseguró el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola.
En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola y el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortíz, explicaron las medidas que adopta el Ejecutivo canario, para afrontar los recortes que el Ejecutivo español impone a la Comunidad Autónoma.
Hernández Spínola recordó que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para este año era de unos 6.800 millones de euros, y añadió que con los recortes "impuestos" por el Gobierno del PP se reducen en torno al 12 por ciento, unos 800 millones de euros.
Javier González Ortiz declaró que la reducción "impuesta" por el Gobierno central obliga al Ejecutivo canario a tomar decisiones "injustas" en una Comunidad Autónoma que ha sido pionera en la aplicación de medidas que otras comunidades estudian ahora y que han llevado a un ahorro de 2.300 millones de euros en los últimos años.
Por medio del anteproyecto de ley, el Gobierno canario crea un impuesto sobre superficies comerciales y otro sobre depósitos a entidades financieras, y sube el tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 5 al 7 por ciento, mientras que el reducido se incrementará del 2 al 3 por ciento
Además, aumentará medio punto los tipos vigentes en el 9 y en el 13 por ciento y la telefonía fija y móvil pasará de estar exenta a tributar el tipo general.
También se incrementará el impuesto sobre el combustible, excepto el del gasóleo profesional, y se recupera el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre otros cambios tributarios.
Otra medida para afrontar la reducción de ingresos será bajar el salario de los aproximadamente 62.000 empleados públicos de Canarias en el 5 por ciento, porcentaje que también se aplicará a altos cargos y personal eventual y de confianza.
De esta reducción estarán exentos los trabajadores que perciban menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir 13.469 euros al año.
Otras decisiones del Gobierno de Canarias para disminuir el gasto son hacer obligatoria la jubilación a los 65 años para los empleados públicos, reducir el complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático, y la extinción del 13 por ciento de las plazas de personal eventual (14 puestos).
El Gobierno canario aumentará las posibilidades para que el personal funcionario pueda pedir licencias sin retribuciones y reducciones de jornadas de trabajo, con la consiguiente bajada proporcional de retribuciones.
Además, se prevé una reducción del 20 por ciento en el gasto de los contratos externos de la Radiotelevisión Canaria y el cierre de su segundo canal.