El Gobierno de Canarias espera aumentar este año sus ingresos en unos 250 millones de euros con las modificaciones tributarias contenidas en el anteproyecto de ley de medidas administrativas de modificación de normas tributarias aprobado hoy, que incluye la reducción de los salarios de los empleados públicos.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, los consejeros de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, y de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, insistieron en que el Ejecutivo canario adopta estas medidas para afrontar los recortes "impuestos" por el Gobierno central.

Por medio de este anteproyecto de ley, que el Gobierno canario pedirá que se tramité con carácter urgente para que se aplique en junio, se crean dos figuras impositivas, una sobre grandes superficies comerciales y otro sobre depósitos a entidades financieras.

En el primer caso se gravará a las entidades financieras por tener fondos de terceros, y en cuanto a las superficies comerciales será en función de los metros cuadrados.

Los cambios aprobados hoy en materia de tributación está previsto que se apliquen hasta 2014, inclusive.

Otro cambio tributario es que el tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) subirá del 5 al 7 por ciento, mientras que el reducido se incrementará del 2 al 3 por ciento, mientras que se mantienen en el tipo cero los artículos de primera necesidad y aumentará medio puntos los tipos vigentes en el 9 y en el 13 por ciento.

Sobre este tributo se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que el Gobierno regional destaca la establecida para la telefonía fija y móvil que pasará de estar exenta a tributar al tipo general.

Además, se incrementa el impuesto sobre el combustible, un tributo que no se actualiza en Canarias desde 2004, pero se mantiene el del gasóleo profesional.

También habrá cambios en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de forma que habrá un aumento de la zona alta del tramo que para las rentas superiores a 53.000 euros al año se pasará del 21,5 al 22,58 por ciento.

Asimismo, se recupera el impuesto de sucesiones y donaciones, habrá algunas modificaciones de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano, algo que se producirá en los casos de gastos por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción, a mayores de 65 años y dependientes, por familia numerosa o por gastos de guardería.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad añadió que el Gobierno de Canarias intensificará la lucha contra el fraude fiscal.

Las medidas en gastos afectarán a la estructura de la Comunidad Autónoma, de forma que se suprimirán dos agencias con rango de Dirección General y se concentrarán en un organismo el Instituto Canario de Administración Pública, la Agencia Canaria de Seguridad y la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

Además, se extinguen nueve órganos de consulta y gestión

En cuanto a los ingresos de los aproximadamente 62.000 empleados públicos, el recorte será del 5 por ciento para todos, porcentaje que también se aplicará altos cargos y personal eventual y de confianza.

Esta reducción se aplicará sobre todo en la paga extra de navidad, donde el recorte sobre el total bruto anual será en torno al 2,4 por ciento del total anual al eliminar los complementos de destino y específico, y el resto se restará del resto de nóminas.

Esta reducción salarial no se aplicará a los trabajadores con retribuciones anuales inferiores a 13.469 euros al año.

Y el Gobierno canario se hace eco en el anteproyecto de ley para que una reducción similar se aplique al personal de cabildos y ayuntamientos.

Otras decisiones del Gobierno de Canarias para disminuir el gasto son hacer obligatoria la jubilación a los 65 años para los empleados públicos, reducir el complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático y la extinción del 13 por ciento de las plazas de personal eventual (14 puestos).

El Gobierno canario aumentará las posibilidades para que el personal funcionario pueda pedir licencias sin retribuciones y reducciones de jornadas de trabajo con la consiguiente bajada proporcional de retribuciones.

Otra de las medidas que afecta a empresas públicas está vinculada a Radiotelevisión Canaria, para la que se prevé una reducción del 20 por ciento en el gasto de los contratos externos y el cierre del segundo canal de la Televisión Pública.