A la rebaja en sus sueldos sufrida en años anteriores, los empleados públicos de la Comunidad Autónoma deberán sumar a partir de ahora una más, esta vez del 5%, con la que el Gobierno de Canarias pretende ahorrar 130 millones de euros.

El recorte fue anunciado ayer por la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, y por el director de Función Pública, Aarón Afonso, en el transcurso de la mesa general de empleados públicos, celebrada en Tenerife y en la que estuvieron presentes las principales centrales sindicales de las Islas.

La sorpresiva medida, que aprobará hoy con casi total seguridad el Consejo de Gobierno, sustituye a otra anunciada este miércoles por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, que proponía la reducción de jornada y sueldo para el personal público no fijo, y que los sindicatos rechazaron de plano al considerar que podía generar "un problema humanitario".

La aplicación de esta reducción del 5% en el sueldo de los empleados públicos solo dejará de ser efectiva para aquellos trabajadores que no superen en un 1,5% el salario mínimo interprofesional. Las cantidades se aplicarán sobre la retribución anual, de tal modo que se distribuirán entre las mensualidades y la paga extra de Navidad.

Es decir, de este 5%, el 2,4% va a ser a costa de la citada paga extra, de la que se eliminarán los complentos específico y de destino -lo anunció esta semana el Ejecutivo con la idea de ahorrar 65 millones-, y el 2,6% restante se distribuirá en los salarios a partir de julio.

Sobre estos nuevos recortes, los sindicatos mostraron ayer su más absoluto rechazo, pese a la "buena predisposición" que, según Francisco Hernández Spínola, habían mostrado esta semana.

José Ramón Barroso, de CCOO, recordó que los empleados públicos ya han sufrido recortes en sus sueldos y pidió más "valentía" al Gobierno de Canarias para implementar otras medidas distintas a las que dicta "la Unión Europea y Ángela Merkel". "No nos van a tener para quitar más derechos a los empleados públicos sin que eso se vea recompensado de ninguna manera", dijo.

Por su parte, Francisco Bautista, de UGT, pidió a los representantes del Ejecutivo (PSOE) "la misma coherencia política" que mantienen en otras comunidades. "Lo bueno es que no se pierde ningún empleo público, dijo Bautista, quien avanzó que todas las organizaciones sindicales se sentarán para hacer una "oposición conjunta" a estas medidas. "Al final van a repercutir en la sociedad", advirtió.

Por otro lado, y antes de que se produjese la reunión de la mesa de general de empleados públicos en la que se anunciaron las nuevas medidas, Intersindical Canaria (IC) propuso cien medidas alternativas que permitirían una reducción del gasto de 420 millones, según informó Efe. Entre las medidas anunciadas por IC, que ayer se manifestó en Tenerife, figuran la eliminación de subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales o la reducción de plantillas y salarios de altos cargos y dirigentes políticos.