El "suicidio social" al que, según los sindicatos, se encamina Canarias tras los recortes educativos propuestos por el Gobierno central ha llevado a la mayoría de los sindicatos de la enseñanza, organizaciones de padres y de alumnos y a algunos partidos políticos a constituir un "frente unitario" que ya ha anunciado su intención de unirse a las distintas movilizaciones planteadas en España e, incluso, promover una jornada de huelga a finales de este mes, aún por concretar.

Constituido -por el momento: la previsión es que sigan sumándose grupos- por los sindicatos CCOO, FETE-UGT, Docentes de Canarias-Insucan, EA-Canarias, STEC, Sepca, UCPL y Cobas, las asociaciones de alumnos Udeca y Estudiantes Pre-Parados, la Plataforma de Directores de Infantil y Primaria y las federaciones de padres de todas las islas -además de Izquierda Unida y Sí Se Puede-, este frente alertó ayer de que "cada vez es más insoportable mantener el sistema educativo público tal y como lo conocemos" y llamó a toda la comunidad educativa, y en especial al profesorado, a movilizarse.

Para empezar, los integrantes de esta plataforma se unirán a las protestas previstas para el 10 de mayo, que incluirán paros intermitentes en los centros educativos y manifestaciones. Asimismo, convocarán un "paro simbólico" de cinco minutos todos los jueves de mayo. Finalmente, ultiman la preparación de una jornada de huelga para finales de mes.

Estas organizaciones reclaman al Gobierno canario que "no haga caso, en la medida de lo posible" a lo establecido por el Ejecutivo central, apuntó José Ramón Barroso, de CCOO. En este sentido, animan a la Administración educativa regional a interponer recursos de inconstitucionalidad si cree que se invaden sus competencias. En cuanto a las medidas que sea inevitable aplicar, urgen la creación de una mesa de diálogo con los agentes educativos para amortiguar su impacto en el Archipiélago.''

Aunque el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dicho que las comunidades autónomas dispondrán de flexibilidad a la hora de implementar estas medidas de ajuste, lo cierto es que la Consejería "no ha concretado aún de qué forma lo hará", puntualizó Benjamín Ramos, de EA-Canarias.

José Ángel Amador, de Docentes de Canarias-Insucan, se mostró más crítico aún con la Administración regional y opinó que lo que ha hecho el Estado es "dar legalidad a medidas que ya se aplicaban en Canarias".

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