El Gobierno de Canarias pretende que los diputados regionales se sumen también al recorte de un 5% en su salario a los trabajadores públicos, para hacer frente a la caída de ingresos procedentes de los Presupuestos del Estado.

Así lo indicó en una entrevista con este periódico el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, quien remarca que, si bien el Ejecutivo "no puede imponer" al Parlamento su política retributiva, sí hace extensivo a todas las instituciones el mismo "discurso", esto es, la necesidad de hacer un "sacrificio" para evitar el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de puestos de trabajo.

"El Parlamento, igual que el Gobierno y todas las instituciones de la Comunidad Autónoma, debe ir en la misma senda y, por tanto, la reducción debe ser para todos", sostuvo el consejero.

En este sentido, y si no hay contratiempos, la idea del Ejecutivo podría llevarse a cabo más pronto que tarde en la Institución que preside Antonio Castro.

Fuentes parlamentarias de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP) confirmaron ayer que la Mesa baraja la posibilidad de aprobar una reducción salarial que abarcaría tanto a los diputados como al personal de la Cámara regional.

Si bien no aclararon que la bajada sea exacta del 5%, sí remarcaron que se trata de "otra más" sobre la última, que entonces fue del 15%. "Esta vez no se plantea que llegue a ese nivel", admitieron desde el PP, pero sí que el Parlamento quiere dar un ejemplo de austeridad y por ello se sumará a la restricción.

En todo caso, también se discute un recorte para el funcionamiento ordinario del Parlamento, de las inversiones y del gasto programado para este ejercicio, si bien la cifra definitiva aún "está en estudio", aclararon las fuentes consultadas.

La fecha en que la que, previsiblemente, tendrá lugar la aplicación de estas reducciones presupuestarias será el próximo mes de junio, pues el Parlamento quiere dar tiempo al Gobierno canario para que tramite el ajuste anunciado este mes, que implica, por una parte, una subida impositiva de 250 millones de euros, además de recortes en los gastos e inversiones del orden de otros 550 millones.