Uno de cada cinco inmigrantes que residen en Canarias podrían quedarse sin atención sanitaria en los próximos meses como consecuencia de las reformas aprobadas por el Gobierno, que privan a los extranjeros irregulares del acceso al servicio público de salud, salvo casos de urgencia. Así lo advirtieron ayer en Las Palmas de Gran Canaria varias organizaciones y asociaciones de defensa de los inmigrantes, como la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que consideran que se deja a este colectivo en una total indefensión.
Los ajustes en sanidad, que incluyen restricciones en el acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, hacen que muchos se queden en "una situación dramática", aseguró el portavoz de inmigración de Intersindical Canaria, René Beotegui, durante una rueda de prensa.
Canarias cuenta con unos 200.000 inmigrantes, lo que supone el 10 por ciento de la población, y de ellos, unos 40.000 pueden estar en situación irregular y verse afectados por los recortes, aunque la cifra es aproximada debido a la dificultad de conocerla con exactitud, dijo Beotegui.
El colectivo de inmigrantes es además el más castigado por la reforma laboral, pues sobre él recaen los empleos más baratos y más recientes, por lo que muchos de ellos se están quedando sin trabajo con la nueva legislación.
A ello se une que la Ley de Extranjería establece que cuando un inmigrante pierde el trabajo, pierde también el derecho a la residencia en España, por lo que se le priva de su identidad, según el portavoz de Intersindical Canaria.
En su opinión, la medida decidida por el Gobierno es "racista y xenófoba" y vulnera los derechos humanos al negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes.
Entre ellos, hay personas que sufren enfermedades crónicas y que ahora ya no podrán continuar recibiendo asistencia médica, lo que los sitúa en una situación muy vulnerable, dijo Beotegui.
Mercy Yáñez, portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que cuenta con 22 organizaciones asociadas en Canarias, consideró que el Gobierno "alienta la xenofobia" al hacer creer a los ciudadanos que los inmigrantes les quitan el trabajo y sus derechos, a pesar de que "no somos el enemigo".
Durante muchos años los inmigrantes han contribuido a la economía de España, "éramos mano de obra barata, pero ya no nos necesitan" con la llegada de la crisis, lamentó Yáñez.