Los principales sindicatos de las Islas ayer seguían sin tener claro cómo quieren plantear la huelga -aún sin fecha- dentro de la función pública que, de manera formal, se votará en una asamblea que se celebrará el próximo viernes, pero que de forma extraoficial ya está decidida a la espera de un acuerdo sobre cómo desarrollarla.

La función pública canaria -unos 62.000 empleados- busca así hacer visible su disgusto por la distribución de los recortes presupuestarios -800 millones de euros- que afectan a sus nóminas -una rebaja del 5% del sueldo para los que ganan cerca de 1.000 euros en adelante y una disminución de la paga extra de Navidad para ahorrar unos 130 millones de euros-, pero también los servicios que prestan -los recortes completos rondarán los 550 millones en las cuentas autonómicas de 2012-. Además, el Ejecutivo autonómico plantea prolongar la vida laboral de los empleados laborales y funcionarios.

En el ámbito de la administración general, uno de los temas que los separan es si la huelga será total o parcial, si afectará a todos los servicios o excluirá algunos, si tendrá lugar durante una jornada completa o solo se prolongará por unas horas. "No está clara la definición de la huelga", explican al referirse a la importancia de la asamblea del viernes.

Apuntan desde las organizaciones sindicales que los "bruscos" cambios de dirección tanto del Ejecutivo canario como del estatal justifican de forma "sobrada" que los empleados públicos planten cara ante lo que consideran una situación "injusta" y "mal gestionada", en relación a la manera en que las administraciones están distribuyendo los recortes presupuestarios.

La respuesta hasta la fecha ante esa situación ha sido la celebración de numerosas concentraciones de los empleados públicos frente a sus centros de trabajo y de las sedes de Presidencia del Gobierno de Canarias, pero ahora "la gente está pidiendo otras movilizaciones", se explica desde los sindicatos en alusión a la celebración de la huelga general.

A diferencia de lo ocurrido en otras materias, en este asunto los sindicatos más relevantes coinciden en aprobar la celebración de la huelga general, circunstancia que, de forma paradójica, explica también por qué les está costando tanto asumir una postura común, y es que todos quieren opinar.

Desde las organizaciones sindicales se recuerda que "muchos" empleados públicos "no cobran ni 1.000 euros al mes", por lo que el descuento de la paga correspondiente a un día es un "verdadero sacrificio" dentro de este segmento de la función pública que podría dudar en seguir la convocatoria. Por esta razón, hay voces que defienden que haya una concentración que acompañe la huelga general en determinados ámbitos y que asegure, de esta forma, que nadie se "descuelgue" de las protestas y movilizaciones.

Uno de los mayores problemas que enfrentan los sindicatos, sin embargo, no es tanto un problema de siglas, sino de áreas. En sanidad se niegan a seguir la huelga porque ya han tenido cinco movilizaciones en seis meses, y en educación tampoco hay consenso sobre cómo seguir la huelga.