El acuerdo formalizado ayer por cabildos y ayuntamientos para ceder parte del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) al Gobierno de Canarias pone de manifiesto el peso que tiene el color político a la hora de alcanzar acuerdos mayoritarios. De lo contrario, no se entendería que en menos de cinco días se pasara del no al sí, del te doy si me das al te lo dejo casi todo a cambio de nada, o casi nada.
Porque los cabildos y ayuntamientos, pero sobre todo los primeros, pasaron en cinco días de estar en contra de la propuesta del Ejecutivo de arrogarse la recaudación extra del IGIC, a cederla sin ninguna contrapartida hasta el año 2015.
Pero no todos. Con unos argumentos que pueden gustar más o menos, el Cabildo de Gran Canaria se abstuvo en la votación para ceder recursos al Gobierno. "Este proceso no se ha llevado correctamente, pues para subir el IGIC no se ha tenido en cuenta la opinión de los cabildos", dijo su consejera de Economía, Rosa Rodríguez. "Nos hemos opuesto a que se modifique la Ley con el acuerdo alcanzado para atender a estas demandas del Gobierno de Canarias y además no hemos participado ni hemos sido informados de ninguna propuesta hasta hoy -por ayer-", añadió.
Detrás de esta decisión del Cabildo grancanario, que podría entenderse como insolidaria, se esconde una decisión política, marcada por el partido que allí gobierna, el Partido Popular. Parece obvio pensar que, teniendo en cuenta los antecedentes, la decisión adoptada ayer por la mayoría de corporaciones insulares hubiese sido muy diferente si quienes las gobiernan no estuviesen bajo las mismas siglas políticas que quienes gestionan el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria (CC) y PSOE.