El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, aseguró ayer que este colectivo no dejará de prestar la asistencia que requieran los inmigrantes en situación irregular en España, pese a lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno. No obstante, su homónimo en el Colegio Oficial de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, aclaró que "es un pronunciamiento que comparten todos los médicos de Canarias".
"Hablamos del deber ético de atender a cualquier persona que necesite asistencia médica sin ver quién es o de dónde viene", insistió Martín, antes de asegurar que "en este asunto ambos colegios tenemos una postura conjunta y sin fisuras".
Por su parte, Cabrera subrayó que transmitirá este posicionamiento a todos sus asociados, a los que también preocupa, dijo que los inmigrantes en situación irregular a los se seguirán atendiendo no puedan acceder después a los medicamentos que les prescriban.
Pedro Cabrera consideró que la ley aprobada por el Gobierno español para reformar determinados aspectos del sistema "está mal hecha, se ha hecho con prisas y de forma coyuntural" y, además, contiene "importantes lagunas".
Así, consideró que "no se pueden dejar bolsas de población descontrolada", lo que puede conllevar "serios problemas de salud pública".
Y es que a su juicio, en adelante será "muy difícil hacer programas de lucha contra la tuberculosis o el sida "si tenemos bolsas de población fuera de control".
Cabrera estimó también que restringir la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España a los servicios de urgencia puede salir más caro que seguir ofreciéndosela en Atención Primaria.
Tanto es así, que según los cálculos que manejan los Colegios de Médicos, "una visita a Urgencias es hasta casi tres veces más costosa que una visita a un médico de Atención Primaria".
Según las cifras que manejan las asociaciones de defensa de los inmigrantes, esta reforma legal puede dejar sin asistencia sanitaria pública en Canarias -salvo casos de urgencia-a unos 40.000 extranjeros en situación irregular de los 200.000 que actualmente se contabilizan.
El Boletín Oficial del Estado publicaba el martes el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de las prestaciones, contemplando por sorpresa la retirada de la cobertura sanitaria a los inmigrantes que se encontraran en situación irregular, aunque estuvieran empadronados en cualquier municipio del territorio nacional.
Sin tarjeta sanitaria
En concreto, el recorte ideado por el Ministerio de Sanidad y que entrará en vigor el 1 de julio contempla, entre otras medidas, la retirada de la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes sin permiso de residencia y los que no estén dados de alta en la Seguridad Social, es decir, ya no bastará con estar empadronado para ser atendidos. Quedan exentos los enfermos graves, las mujeres embarazadas, el parto y postparto y la asistencia a los menores mientras requieran atención pediátrica.