Los responsables de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario y de las universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han mostrado este lunes una postura unánime en su crítica sobre el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en el que se regulan las tasas y precios públicos de los estudios universitarios, la dedicación del profesorado y la gestión de las universidades, entre otros aspectos.
El diagnóstico respecto al Real Decreto Ley presentado por las tres partes es totalmente compartido, según se ha puesto de manifiesto durante la reunión mantenida por el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, el director general de Universidades, Carlos Guitián, el rector de la ULL, Eduardo Doménech, y el de la ULPGC, José Regidor, y en la que también estuvieron presentes el gerente del centro universitario de Tenerife, Conrado Domínguez, y el de Gran Canaria, Justo Pérez.
Durante el encuentro, todas las partes pusieron de manifiesto su rechazo al procedimiento seguido desde el Ejecutivo central en la elaboración del Real Decreto Ley, que, en opinión del Gobierno autonómico y de las universidades canarias, se ha realizado "sin diálogo ni participación de las comunidades autónomas y de las universidades".
Asimismo, coincidieron al priorizar, frente al Real Decreto Ley, tanto al alumnado, que, en opinión de los responsables autonómicos y universitarios, no debe verse perjudicado por un "desmesurado" incremento de las tasas universitarias, y las plantillas de ambos centros.
Los responsables del Gobierno regional y de las dos universidades decidieron mantener nuevos encuentros que sirvan para orientar el trabajo a realizar a partir de ahora desde las tres partes en defensa de las prioridades indicadas.