El Ejecutivo canario lo tiene claro. La movilidad de los empleados públicos es una necesidad -justificada en la mejora de la eficiencia administrativa desde 2011- y si no consigue suficientes voluntarios para cubrir los puestos que considere necesario, entonces impondrá unos criterios "objetivos" para decidir quién debe cambiar de asignación. El problema es que, según CCOO, los parámetros para hacerlo no fueron pactados con los sindicatos porque -hasta ahora- solo se había contemplado la posibilidad de que la medida funcionara de forma voluntaria.

En concreto, el Gobierno reconoce una "preferencia" a favor de los empleados públicos que tengan un vínculo temporal -en vez de fijo-. En el caso de que haya varios que tengan el mismo vínculo, tendrá preferencia el de mayor antigüedad en la Administración, y si varios coinciden en esta situación, entonces se mirará quién tiene mayor antigüedad en su puesto de trabajo.

El director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, explica que, hasta la fecha, la comunidad autónoma viene efectuando sin problemas la movilidad de los trabajadores públicos bajo el esquema de la voluntariedad. El proceso, señala, se plantea inicialmente de esa manera, pero deja claro que si se diera el caso de que se precise cubrir una necesidad "perentoria" -que el propio Ejecutivo haya valorado de esa forma-, pero que no se presenten voluntarios, entonces la Administración establece esos criterios "objetivos" para llevar a cabo el cambio de destino.

El coordinador del Área Pública de CCOO, José Ramón Barroso, se muestra sorprendido por la adopción de estos criterios sin haber mediado negociación alguna con los sindicatos.

Barroso reconoce que, hasta el momento, la movilidad del personal público en la comunidad ha sido voluntaria, tal y como dice el Gobierno que la ha efectuado hasta la fecha y tal y como sindicatos y el Ejecutivo canario pactaron en su momento. En cambio, Barroso afirma con asombro que la aplicación de parámetros alternativos a la propia voluntad de los trabajadores públicos es una situación que no se contempló, por lo que CCOO solicitará a la Administración una reunión para aclarar el asunto.

También remarca el dirigente sindical que la mayor parte de la movilidad se está concentrando en los niveles inferiores de la Administración, algo que le produce cierta extrañeza, ya que, al estar justificada la medida en la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa, "será necesaria en todos los estamentos".

El Gobierno admite que la mayor parte de los trabajadores pertenece a los grupos inferiores, pero explica que los cambios se están produciendo "en todos los niveles".

En este sentido, Afonso apunta que el Gobierno delimitó una serie de materias sobre las que estudia de forma "exhaustiva" la necesidad de reforzar el número de trabajadores y los criterios a aplicar para efectuar una "mejor" atención de los servicios que se prestan en el ámbito de la comunidad autónoma. Incluye áreas como personal, nóminas, subvenciones, mantenimiento y personal subalterno.

Corto y medio plazo

Y es que hay en marcha dos procesos, detalla Afonso. Uno es la reorganización administrativa, y el otro es la redistribución de efectivos públicos en el ámbito autonómico, que es al que se refiere la movilidad.

Por este motivo, se están produciendo reuniones para atender necesidades "perentorias que no pueden esperar al resultado de evaluaciones de carga de puestos y otros criterios", ya que pueden demorar meses, "sino que deben atenderse de manera inaplazable e inmediata".

"Lo hacemos básicamente a través de la movilidad voluntaria", insiste Afonso, "y claro que está ocurriendo en todos los grupos, pero el mayor volumen de personal con que cuenta la comunidad autónoma es el personal de los grupos inferiores", explica. Los cambios son más numerosos a ese nivel también porque es habitual dentro de ese segmento que afecten a un "paquete" -varios empleados de una sola vez-, mientras que cuando se hace en los niveles medio o superiores abarca, por lo general, solo a uno o dos.

De esta manera, recuerda el responsable de Función Pública, el último proceso efectuado en "paquete" fue de personal que desempeña funciones subalternas para destinarlo a la vigilancia de los edificios administrativos. Además, la Administración ultima ahora la movilidad de personal para la lucha contra el fraude fiscal destinando personal extra a la Dirección General de Tributos, aunque hay otras áreas -como la Dirección General de Planificación y Presupuestos o la Dirección General de Recursos Económicos- que han solicitado en los meses anteriores perfiles técnicos.

Desde 2011 está previsto que los departamentos y consejerías efectúen procesos internos de este tipo, pero fue el pasado mes de enero cuando el Gobierno aprobó la configuración de áreas funcionales "preferentes" para estudiar las necesidades de personal.