Asambleas Municipales por Fuerteventura (AMF) ha recurrido el decreto para la contratación de un letrado por parte del Cabildo Insular para impugnar los sondeos autorizados a Repsol por entender que pueden existir varios motivos de ilegalidad y supone un "despilfarro" de 90.000 euros.
En el recurso, presentado por el consejero de AMF Manuel Travieso y hecho público hoy, se señala que, si bien con la ejecución de ese contrato se pretende defender los intereses económicos y sociales de la isla, carece de argumentación para este fin, al tiempo que tampoco justifica la necesidad de recurrir a unos servicios jurídicos externos.
Además, se añade que el decreto del consejero de Hacienda, Manuel Miranda, que aprueba el expediente de contratación para el indicado servicio de defensa y dirección letrada y aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación, se dictó antes de que el pleno del Cabildo, el único órgano competente, tomara el acuerdo.