El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ayer aclaró en sede parlamentaria que la única sociedad pública dependiente de su departamento que se verá afectada por despidos y reducción de jornada durante este ejercicio es Gesplan.

En el resto de sociedades de su área -Gestur de Tenerife, Gestur de Las Palmas y Grafcan- no está previsto poner en marcha medidas de ese tipo, que son consecuencia del plan de viabilidad del sector público que la Administración autonómica exigió a todas las empresas públicas.

Las que resulten inviables deben adoptar ajustes sobre la plantilla, explicó Berriel para adaptarlas, por una parte, a la caída de la facturación de la que dependen para su funcionamiento, así como a la aminoración de los ingresos provenientes de los presupuestos.

En el caso de Gesplan, recordó Berriel, hay 173 empleados "estructurales" -permanentes- de los que está previsto despedir a 64 y que otros 46 vayan a una suspensión temporal -por un año- de su contrato. Además, añadió el consejero, otro número -que no precisó- hará una reducción de jornada. La cifra final dependerá del curso de las negociaciones y siempre con la finalidad, añadió, de evitar en lo posible que haya más despidos.

Carreteras

Por otra parte, Berriel negó "radicalmente" que haya una mala ejecución del convenio de carreteras con el Estado y acusó al Gobierno central de incumplir los acuerdos.

Al referirse a los desfases presupuestarios de los proyectos de obras adjudicados, Berriel indicó que la desviación está en el 0,54 por ciento, si bien reconoció que es posible que llegue al 13,35 por ciento al final de las obras.

Una desviación que, en palabras del consejero es un "éxito que no suele" conseguirse en otras comunidades autónomas y reconoció que el Gobierno canario no sabe cómo resolverá el problema que supondrá la reducción del presupuesto para carreteras que ha anunciado el Ejecutivo central.

El diputado del grupo Popular Felipe Afonso El Jaber dijo que la actual situación económica es de emergencia e insistió en que lo que se gaste de más se pagará en el futuro, a la vez que responsabilizó al Gobierno canario de desviaciones presupuestarias en las obras de carreteras.