El nuevo reglamento de Organización que prevé aprobar el Partido Popular (PP) de Canarias en el próximo congreso regional, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, elimina parte la autonomía de los comités locales, pues la convocatoria de sus asambleas no se considerará "firme" hasta que sea ratificada por el comité ejecutivo insular.

Esta es una de las novedades que incluye el texto que han redactado el alcalde de Los Realejos y secretario general del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, y el diputado regional Fernando Figuereo, y que algunas fuentes del propio partido no consideran del todo acertada, pues queda en manos del "presidente insular de turno" y en función de sus "intereses" la ratificación o no de la convocatoria del comité local.

Al margen de este precepto, el nuevo reglamento introduce también nuevas reglas para el afiliado, cuya condición podrá perder directamente - sin perjuicio de que más tarde pueda recurrir-, por determinadas infracciones, otro aspecto que algunas fuentes del PP consideran "inconstitucional".

El texto orgánico contiene, además, una serie de "principios generales" para todos los cargos públicos y orgánicos del PP en Canarias, entre los que destacan que "se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja", y "no intervendrán, ni influirán en la tramitación o resolución de procedimientos administrativos cuando los mismos afecten a su persona o su entorno familiar y social".

Cabe precisar que el diputado regional y actual secretario general del PP, Manuel Fernández, ha sido muy criticado en el Parlamento regional, en el transcurso de la elaboración de algunas leyes sobre el territorio, por su vinculación con determinadas empresas del sector turístico.

Carta de compromisos

Además de estos asuntos, el texto elaborado por Domínguez y Figuereo fija la obligatoriedad para todo cargo público u orgánico de suscribir la llamada "Carta de Compromisos", un documento que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido ético y deontológico.

Entre ellos, destaca el compromiso de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías Regional, cuando este se lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón del cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente.

En el caso de no tener esa obligación, el compromiso de hacer, al ser nombrado o elegido, una declaración formal de bienes y actividades, que hará llegar al comité cuando le sea requerida y que comprenderá, al menos, los siguientes extremos: Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posea; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tenga intereses personalmente; y las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración según el apartado c) con señalamiento de sus respectivos objetos sociales.