A las universidades canarias y a la Consejería de Educación del Gobierno regional no les gustan ni las formas ni el contenido del real decreto ley mediante el que el Ejecutivo central pretende reducir el gasto en la enseñanza universitaria. Los rectores de las universidades de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech, y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor, coincidieron ayer con el consejero José Miguel Pérez en la necesidad de acometer dos grandes prioridades: el mantenimiento de la plantilla de profesores y la minimización de la subida de las tasas de matrícula establecida por el Ministerio de Educación.

Tal y como parecía previsible, a tenor de sus declaraciones públicas, los representantes de la Administración educativa autonómica y las instituciones de enseñanza superior se muestran dispuestos a que las medidas propuestas por el Gobierno central afecten en la menor medida posible a las Islas. Para conseguirlo, han acordado constituir un "marco de diálogo estable" y reunirse de forma regular para estudiar de qué manera introducen los recortes.

A juicio de ambas partes, el real decreto ley ha sido elaborado "sin diálogo ni participación" de las comunidades autónomas y las universidades, un modo de actuar que rechazan.

El mantenimiento del personal docente e investigador es, para las instituciones educativas, un requisito indispensable para garantizar la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros. El rector de la ULL ya ha expresado su confianza en que el recorte del 5% en los sueldos de los empleados públicos -incluidos los universitarios- decidido por el Gobierno de Canarias, junto a los ajustes en el gasto, permita salvar los puestos de trabajo. En caso contrario, la propia Dirección General de Universidades ha estimado que habría que prescindir de unos 400 profesores no funcionarios de ambos centros.

Igualmente, consejero y rectores confirmaron su intención de que la elevación de las tasas de matrícula sea la menor posible, por lo que optarán por situarse en el punto más bajo de la horquilla propuesta por el Ministerio. No obstante, las universidades y el Gobierno permanecen a la espera de que el Ejecutivo central les aclare los nuevos parámetros mediante los que determinar la subida, dado que este año se emplean nuevos criterios.

En lugar de fijarse una horquilla de subida -para este curso fue de entre el 3,6% y el 7,6%-, ahora se ha establecido que las tasas deben cubrir entre el 15% y el 25% del coste real de cada plaza universitaria, una cantidad que varía en función de las titulaciones y que es de difícil cálculo.

También existen dudas en las instituciones académicas sobre otras medidas decretadas por el Ministerio, como el incremento de horas lectivas para los docentes que menos investigan.

El consejero de Educación ya adelantó el pasado viernes que plantearía a los rectores su idea de que la conservación de la plantilla y la "amortiguación" de la subida de tasas deben ser las prioridades a la hora de trasladar a Canarias las medidas de ahorro, pero que deben ser las universidades, dentro de su autonomía, las que finalmente decidan.