El grupo Popular acusó hoy al Gobierno de Canarias de entregarse a una "orgía fiscal", mientras el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, justificó el aumento impositivo y el recorte del gasto por la rebaja de la financiación estatal.

En una comparecencia parlamentaria, González Ortiz dio cuenta a la cámara de las medidas adoptadas para compensar el recorte de 800 millones de euros en la financiación canaria por parte del Gobierno del PP, unas medidas a las que se opusieron el PP y el grupo Mixto.

González Ortiz detalló que de los 800 millones de euros, de los cuales 453 millones son en servicios públicos, 250 se obtendrán por la subida del IGIC, la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones, la supresión de bonificaciones fiscales y la creación de dos nuevos impuestos sobre los bancos y la grandes superficies.

El resto del ajuste, 550 millones de euros, vendrá por una rebaja salarial de los funcionarios (200 millones de euros), rebajas del gasto corriente (80 millones) y recortes del gasto en todas las áreas del Gobierno (270 millones)

González Ortiz acusó al Gobierno central de discriminar a Canarias frente a comunidades en donde hay próximos procesos electorales, como Galicia y País Vasco.

Consideró "intolerable" que no se haya tenido en cuenta "el esfuerzo en contención de déficit", ni el alto desempleo ni el sobrecoste de los servicios básicos.

Pese a todo "nos vamos a resistir al cierre de hospitales y colegios" y todas las medidas estarán destinadas a mantener los derechos básicos, dijo González Ortiz, que acusó al PP canario de estar más preocupado por defender a sus jefes que por los intereses de Canarias.

El diputado del PP Miguel Cabrera Pérez Camacho contestó al consejero que el Gobierno de Canarias se ha entregado a una "orgía impositiva" mientras se niega a aceptar otras fuentes de riqueza como las que pueden venir del petróleo, a suprimir la Policía Autonómica y a privatizar la Televisión Canaria.

Responsabilizó al Gobierno de los recortes, por haber "falseado e inflado las previsiones de ingresos" en los presupuestos autonómico de 2012 y así echar la culpa al Gobierno central cuando toca ajustarlos a la realidad, ocultando "su propia incompetencia".

Miguel Cabrera aconsejó al Gobierno canario que abandone "las amenazas, las bravatas, las chulerías" y el enfrentamiento con el Gobierno central porque perjudica los intereses de los canarios en una "lucha perdida".

"Opten por el camino de la prudencia y del entendimiento, no por el del conflicto", recomendó el representante del PP, para quien el mayor problema que tiene Canarias es su Gobierno, cuya gestión puede llevar a "consecuencias irreparables" para las islas.

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, consideró inaceptables los recortes para Canarias, pero se mostró contrario al aumento fiscal y a la rebaja de los salarios de los empleados públicos.

Para Román Rodríguez, por oportunismo político no subieron los impuestos en 2010 o con ocasión de los presupuestos autonómicos de 2011, lo que hubiera evitado que el incremento actual fuera tan pronunciado y hecho de forma tan precipitada y atropellada.

En particular, se mostró contrario a la subida del 50 por ciento (del 2 al 3 por ciento) del tipo reducido del IGIC, porque afecta al consumo de las familias más empobrecidas.

El portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, dijo que "a nadie le gusta subir impuestos", pero recordó a los "empresarios alborotados" que la alternativa al incremento fiscal de 250 millones de euros es recortar ese mismo gasto en educación, sanidad y servicios sociales.

Justificó que si no se subió la presión fiscal anteriormente fue porque no pensaban que la crisis iba a durar tanto tiempo.

El diputado del PSOE Manuel Marcos Pérez justificó la subida fiscal y los recortes del Gobierno canario por los "imprevisibles recortes" realizados por el ejecutivo central, que a su juicio ha actuado contra Canarias "de forma diferenciada" porque el PP se quedó fuera del Gobierno.

Consideró que todas las administraciones deben incorporar en sus políticas medidas para generar crecimiento económico y consideró esencial mantener los servicios públicos y el empleo.