El Gobierno de Canarias ha informado a los ayuntamientos isleños de que, de no conseguir que el Estado de marcha atrás en la reducción de un 43,3 por ciento de la partida del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en la primera quincena de junio deberán decidir qué servicios sociales dejan de prestar, informó ayer la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, en Comisión Parlamentaria.
El pasado año este plan sufrió un recorte de 400.000 euros por parte del Estado, cantidad que fue suplida por el Gobierno regional, algo que este año "será imposible volver a hacer", señaló Rojas, quien destacó que el recorte total de la financiación del Ejecutivo central en su consejería es de 21,55 millones de euros.
La consejera explicó que este convenio con las corporaciones locales asciende a cerca de 70 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias aporta 22 millones, el Estado poco más de dos millones (ya que el año pasado aportó cuatro millones de euros y este año serán 1,7 millones menos) y el resto los ayuntamientos.
Uno de los efectos negativos de este recorte será que puede peligrar el mantenimiento de más de los 2.000 puestos de trabajo de profesionales del área de lo social que hay en la actualidad, destacó la consejera.
La gravedad del recorte del Estado en este plan fue destacada por Inés Rojas al recordar que en 2011 los ayuntamientos atendieron a un total de 481.147 personas que solicitaban algún servicio social, de los que más de 156.000 eran familias, 95.229 personas mayores y 56.050 mujeres. Y es que a juicio de Rojas, "hasta en tiempo de Guerra, los servicios sociales son lo último que se debe tocar".
Estos colectivos, según completó la consejera en nota de prensa, fueron atendidos a través de los 174 centros sociales y unidades de Trabajo Social distribuidas por las Islas, de los cuales 72 están ubicados en Tenerife, 44 en Gran Canaria, 20 en La Palma, 15 en Lanzarote, 10 en La Gomera, ocho en Fuerteventura y cinco en El Hierro.
Además, a través de estos recursos sociales básicos se realizaron acciones específicas de prevención e inserción con 178.938 personas y se propuso un alojamiento alternativo a otras 3.282. Así, se garantizó la atención social de alrededor de 500.000 personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
Por su parte, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, que pidió la comparecencia de la consejera sobre el plan concertado, denunció que hay municipios que están aportando el 70 por ciento de la financiación del plan, cuando solo les corresponde el 50 por ciento, algo que "no pueden sostener durante mucho tiempo, pues hay corporaciones que ya han agotado sus ahorros".
La diputada del grupo mixto también animó a los parlamentarios a consultar los criterios del reparto de fondos del Estado, ya que comunidades como Castilla-La Mancha, con una población similar a la de Canarias, cuentan con un presupuesto para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 4,5 millones de euros, mientras que el de las Islas, el año pasado, era de 3,7 millones de euros. Por ello, Carmen Hernández destacó que el Gobierno central "maltrata y discrimina al territorio canario sin justificación".