5,6 millones de euros. Esta es la cantidad que pretende ahorrar la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias con el plan de reorganización de sedes que está llevando a cabo y que, según su director, Abel Morales, "se va cumpliendo".
La iniciativa es una prolongación de la que ya puso en marcha en 2011 este departamento regional, que depende de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, con la que logró un ahorro de 4,5 millones.
En el plan de 2012 se enmarca el traslado de la sede del Diputado del Común en Las Palmas de Gran Canaria, que a finales de junio o principios de julio pasará a un inmueble propiedad del Gobierno de Canarias, en una operación que permitirá ahorrar 130.756 euros anuales.
Esa cifra es lo que cuesta el alquiler de su sede actual de la calle San Bernardo, abonada en doce mensualidades de 10.896 euros cada una. Ese dinero se ahorrará en cuanto sea efectivo el traslado a la nueva, en un inmueble de la calle Cano que ocupa actualmente la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan), que también cambiará de ubicación pronto.
En este sentido, desde el Diputado del Común se destacó ayer que su cambio de sede reportará otras ventajas además del ahorro económico referido, en tanto que ahora la institución estará en un edificio completamente accesible para las personas de movilidad reducida, a diferencia de la actual oficina, donde tampoco es factible acometer obras por ser un edificio catalogado y protegido.
Pero, además del Diputado del Común, el departamento que dirige Abel Morales tiene cerrados ya otros traslados, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. La mayor parte de ellos han pasado de sedes en alquiler a inmuebles propios de la Comunidad Autónoma.
322.000 euros
En la capital tinerfeña, por ejemplo, se han suprimido los alquileres de dos inmuebles que poseía la Viceconsejería de Agricultura en la calle Villalba Hervás; el que se pagaba por la sede que poseía la Dirección General de Protección de la Naturaleza en Residencial Anaga; el que tenía la Inspección General de Servicios, en el edificio El Cabo; el de la Fundación Proeduca; y varios archivos de Industria. Solo los cambios de la Inspección General de Servicios y de la Dirección de General de Protección de la Naturaleza supondrán un ahorro superior a 322.000 euros.
Al margen de los citados inmuebles, y según detalló Morales, con el plan de reorganización se ha suprimido la sede alquilada del Instituto Canario de Agroalimentación, un organismo que ha pasado a estar ubicado en el edificio de la Consejería de Educación, en la avenida Buenos Aires.
En Las Palmas, mientras tanto, y sin contar el Diputado del Común, los cambios van a afectar a varios archivos de Industria; a un local de la Consejería de Educación, que supone un ahorro de 22.600 euros; un almacén de libros, cuyo coste ascendía a 32.000 euros; y a las sedes de la Inspección Educativa y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
También se eliminará, en verano, el alquiler del Edificio Ovalum, inmueble en el que está ubicada la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y cuyo coste asciende a 211.000 euros. Este departamento pasará al Edificio de Usos Múltiples II.