La reforma ideada por el Ministerio de Sanidad que conlleva aspectos como el incremento del copago farmacéutico en función de la renta o la retirada de la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular con el fin de garantizar la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud abre también la posibilidad de que los usuarios que tengan que ser trasladados en helicóptero tengan que sufragar parte de los costes de dicho transporte por considerarse no urgente. Así, lo denunció ayer la diputada de Coalición Canaria (CC), María del Mar Julios, durante el debate de una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular en el Pleno del Parlamento de Canarias en la que se instaba al Gobierno de Canarias a mantener la prestación de servicio de los dos helicópteros de soporte vital avanzado las 24 horas del día.
"El Gobierno ha modificado la Ley de Cohesión y Calidad de la Sanidad Pública y su artículo 8 se cambia para establecer varios tipos de carteras de servicios. Se establece así una cartera básica cuyos servicios se cubren en su totalidad y otra carácter suplementario que está sujeta a la prestación del usuario. Es en esta donde se incluiría el traslado programado de pacientes en helicóptero, y por programados que no piense nadie que no son urgentes", explicó Julios, que explicó que "una persona que ha sufrido un infarto en Fuerteventura, pero que se le ha estabilizado y requiere ser trasladada forma parte de este grupo de pacientes programados, igual que el transporte de sangre o de órganos".
En este punto, la diputada nacionalista insistió en que "lo que se debería discutir es el hecho de que en el Real Decreto se considere al transporte en helicóptero como un transporte no urgente y, por lo tanto, se equipare con una ambulancia. Tenemos que pedirle al Ministerio de Sanidad que esto no sea así y que siga formando parte de la cartera de servicios básica, porque en cualquier otra comunidad autónoma este servicio no es convencional, pero en Canarias es fundamental para la equidad, por lo que no solo debería mantenerse este servicio sino que además el Gobierno de Estado debería asumir parte de su cobrecoste".
No obstante, la diputada del Partido Popular (PP), Mercedes Roldós, calificó la intervención de Julios como "el más puro estilo demagógico", asegurando que la cartera de servicios suplementarios aún debe acordarse con una orden ministerial y en el Consejo Interterritorial de Sanidad" y sentenciando: "El PP sabe qué hacer para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la sanidad y lo hará".