El Gobierno canario no comparte la previsión de la CEOE de que aumentará en 21.000 el número de parados en dos años y ha advertido de que quizás quien no considere prioritario el empleo y los servicios públicos puede tener otras fórmulas, pero al Ejecutivo "no le queda otro camino que tomar decisiones incómodas, quizás injustas pero imprescindibles".
Así lo ha afirmado hoy el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias y en donde consideró que esta previsión de aumento del paro la debe justificar quien la haya dado, en alusión a la CEOE de Santa Cruz de Tenerife.
Añadió el portavoz que parece "muy aventurado" augurar esta cifra cuando aún las medidas de recorte y de aumento impositivo no han entrado en vigor y advirtió de que el Gobierno canario ha tenido que adoptar estas medidas "ante el brutal ajuste impuesto por el Estado".
"No hay otra manera de mantener el empleo público y los servicios esenciales", señaló el portavoz, quien afirmó además que el aumento en los tributos, con lo que el Gobierno canario confía en recaudar 250 millones de euros, se debe al ajuste presupuestario derivado del Estado y que supondrá para las arcas autonómicas una merma de 800 millones.
Por ello consideró que cualquier "modificación a la baja" en el aumento de impuestos que pueda producirse en el trámite parlamentario del citado anteproyecto de ley debe tener en cuenta que hay que "compensar" la mencionada merma, ya que es imposible "recortar más".
De lo contrario Canarias estaría abocada a "descuadrar las cuentas" e incumplir el objetivo del déficit, algo que el Gobierno regional "ni se plantea".
Otra cosa es la posibilidad de que la UE flexibilice los objetivos del déficit para España y a su vez esa flexibilidad se traslade a las comunidades autónomas, pero "hoy por hoy las reglas del juego" son otras, recordó Marrero, quien dijo por ello que tampoco el Ejecutivo regional se plantea aplazar el aumento del IGIC, como han pedido las patronales hoteleras.
Tampoco prevé el Gobierno canario nuevos aumentos en las tasas y tributos porque "aquí no hay recámara" y "las cartas están sobre la mesa", agregó Marrero, quien afirmó que no puede decir lo mismo el Gobierno central, que ha mantenido "escondidos" los presupuestos estatales durante seis meses.
En cuanto a las críticas del Consejo Económico y Social por la urgencia que le ha pedido el Gobierno de Canarias para emitir su dictamen sobre el anteproyecto de ley de medidas tributarias, Marrero confió en que ese organismo sea "sensible" porque se trata de "una situación de emergencia" y se necesita "agilizar lo máximo posible" el trámite de la norma para que entre en vigor el 1 de julio.
"Es cierto que se le ha pedido una premura excepcional, pero es que la situación es excepcional", advirtió el portavoz del Gobierno canario.