La propuesta de reagrupación de los partidos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye la permanencia en las localidades afectadas de sedes judiciales para trámites "menores", explicó la vocal del CGPJ, Inmaculada Montalbán, una de las expertas que desarrollaron el proyecto.
Montalbán señaló a este periódico que el CGPJ "no propone que desaparezcan todos los órganos judiciales de los partidos reagrupados, sino crear una sede judicial en la localidad cercana para trámites sencillos, como presentar un escrito, un recurso o determinadas diligencias, y ubicar los servicios especializados en el núcleo del partido judicial donde se realizaría el tratamiento integral. Por ejemplo -dijo-, la atención que recibe una víctima de violencia de género en un partido judicial como el Güímar no es tan especializada, pues el juzgado de violencia de género también lleva otros asuntos. En todas y cada una de las localidades no puede haber todas las especialidades. Por eso, y para evitar que haya una prestación de servicios más deficiente hacia las personas que no están en la ciudad, se aspira a hacer una concentración o agrupación para que todos los ciudadanos reciban un tratamiento integral y de calidad. Esto es lo que propone el CGPJ".
Montalbán hizo hincapié en que la propuesta no es un documento definitivo y que lo que pretende es "iniciar una reflexión, para lo cual establece criterios generales para avanzar hacia la especialización, y esto no es posible en la actualidad con el diseño que tenemos. Quien tiene la última palabra sobre el proyecto que se desarrollará es el Ministerio de Justicia, contando con la opinión de la Comunidad autónoma".
Gran Canaria, en contra
La propuesta del CGPJ no ha sido bien recibida por algunos de los municipios canarios afectados por ese "nuevo" mapa judicial, algunos de los cuales han mostrado su rechazo con la aprobación de mociones contra el proyecto.
Los últimos consistorios en mostrar su disconformidad con el planteamiento del CGPJ han sido los del norte de Gran Canaria, cuyos máximos representantes afirmaron ayer que "lucharán hasta que no les queden fuerzas" contra el proyecto, porque consideran que eliminaría el derecho de igualdad ante la Justicia de 120.000 personas.