La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está mirando con lupa cada punto del Real Decreto Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud desde el mismo día de su publicación -el pasado día 19 de abril- puesto que lejos de aclarar el panorama sanitario, ha desatado un sinfín de dudas sobre cómo aplicar el copago y las nuevas medidas de ahorro e incluso sobre la titutaridad de algunas competencias.
En este sentido, desde Sanidad se admite que "los diferentes departamentos de la Consejería se encuentran valorando el impacto de las medidas incluidas en él, así como solicitar al Ministerio de Sanidad, como primera medida, información más precisa sobre la aplicación de su contenido, una respuesta que todas las comunidades autónomas necesitan conocer cuanto antes, dado que debe entrar en vigor el próximo 1 de julio".
La propia consejera, Brígida Mendoza, manifestó esta semana en el Pleno del Parlamento de Canarias que "el Ministerio de Sanidad no ha explicado nada respecto al copago farmacéutico y hasta que no se defina la nueva cartera no se tendrán noticias de cómo se va a hacer nada".
"A fecha de hoy hay que esperar a que haya una orden ministerial y un acuerdo del Consejo Interterritorial -si es que llega a haberlo- que fije los importes máximos y los coeficientes", insistió Mendoza en la Cámara autonómica antes de recordar que "el Ministerio no ha explicado nada y lo único que ha hecho, muy recientemente, es abrir un plazo para alegaciones y presentar dudas".
En este sentido, desde la Consejería canaria de Sanidad consideran que, llegado a este punto y dado que las medidas tienen como fecha de implementación el 1 de julio, "lo lógico seria que el Ministerio convocara a las Comunidades Autónomas para revisar la aplicación del Real Decreto ya que, en cierta medida, retira de las Comunidades Autónomas la competencia de reconocimiento de la prestación sanitaria".
Canarias se suma así al pequeño número de comunidades autónomas críticas con la reforma sanitaria realizada por el Gobierno de Estado, aunque, por el momento, no se ha pronunciado sobre si obrará igual que el País Vasco, cuyo gobierno anunció el pasado día tres de mayo que presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes en Sanidad y Educación y en defensa de las competencias del autogobierno.