El viceconsejero de Comunicación del Ejecutivo canario, Martín Marrero, dijo hoy que tanto en 38 autos judiciales en los que se pedía la suspensión del concurso público de licencias de radio, como en cinco que se planteó su archivo y en una sentencia, se da la razón al Gobierno de Canarias.

Martín Marrero hizo esta afirmación en comisión parlamentaria en una comparecencia solicitada por el grupo Popular para hablar del citado concurso de frecuencia modulada, en el que aseguró que se actuó con total transparencia.

El diputado del grupo Popular Víctor Moreno criticó que en la resolución del concurso no se tuviese en cuenta la experiencia, algo que para el viceconsejero sería cometer una ilegalidad por cuanto las emisoras que se presentaron al concurso no eran legales.

A juicio de Víctor Moreno el concurso ha estado plagado de sombras y consideró que ocurrirá como en otros concursos como los de la Radiotelevisión Canaria y las TDT.

Martín Marrero dijo que el concurso se convoco por imperativo legal para 156 frecuencias en 65 localidades y se resolvió en un tiempo "récord", ya que en otras comunidades autónomas se tarda una media de cuatro años y en Canarias se hizo en un año y siete meses.

El viceconsejero comentó que 490 licitaciones se presentaron fuera de plazo.

La diputada del grupo Mixto Carmen Rosa Hernández expresó su preocupación por cómo se resolvió el concurso y no se tuviese en cuenta a emisoras con tradición.

Manuel Fajardo, portavoz del grupo Socialista, consideró que el PP sembraba sospechas sin tener pruebas pues de tenerlas debería acudir a los tribunales de Justicia o cometería un delito.

El diputado del grupo Nacionalista José Luis Perestelo recordó que las bases se establecieron cuando el PP estaba en el Gobierno regional.

Víctor Moreno, diputado del grupo Popular, criticó que la mesa de contratación abriese las ofertas tres meses antes de que se aprobasen los criterios y denunció que algunos criterios se eliminasen.

A su juicio es posible que la mesa de contratación estuviese formada por personal sin cualificación para ello y sin capacitación profesional y acusó al Gobierno canario de ser autor material e intelectual de una "chapuza".

Martín Marrero respondió que la mesa de contratación la formaron un interventor de la comunidad autónoma, un letrado de los servicios jurídicos de Canarias, una funcionaria con categoría de Jefa de Servicio, la secretaria general de la Presidencia y un periodista, por lo que descartó tanto la falta de capacitación como de profesionalidad.

También se refirió a que antes del verano comenzará a funcionar un servicio de inspección para comprobar que las emisoras adjudicatarias cumplen, para lo que se monitorizará todo el espectro audiovisual, sin entrar en las cuestiones técnicas, que son competencia del Gobierno central.

Aludió además el viceconsejero a que el Gobierno canario dispone de un informe técnico según el cual en Canarias hay capacidad para otras 76 frecuencias, algo que planteará en la próxima reunión de la comisión mixta de la materia, con el Ejecutivo central.