La Justicia lideró un año más el motivo de quejas de los canarios ante el Diputado del Común en 2011. Del total de las denuncias presentadas (1.217), el 10,68 por ciento eran referidas a esta área (130), según señala el informe del año pasado de esta institución, que destaca que el turno de oficio ha sido uno de los principales motivos de las reclamaciones.
Los retrasos en tramitación de los expedientes volvieron a centrar las quejas sobre esta administración. Por este motivo, el Diputado del Común en su informe recomienda al Ejecutivo regional la mejora de la Justicia en Canarias "como una prioridad", así como "hacer el esfuerzo preciso para dotarla de medios materiales y humanos suficientes", para hacerla "más próxima al ciudadano y de calidad".
Otro de los motivos mayoritarios de las denuncias presentadas fue la disconformidad de los ciudadanos con la actuación de los abogados del turno de oficio y las declaraciones de insostenibilidad de los mismos. La mayoría de las quejas sobre este servicio hacían referencia a la "falta de información adecuada al ciudadano por parte del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados correspondiente".
Para paliar esta deficiencia, la institución, de la que Jerónimo Saavedra está al frente, recomienda la colaboración entre la Administración autonómica y los colegios profesionales mediante la formación adecuada del personal adscrito a dicho servicio, así como un control periódico del mismo.
En referencia a los colegios de abogados, también se recibieron escritos de disconformidad sobre la demora en la respuesta a las quejas que dirigen los ciudadanos a estos organismo, un problema que "se produce año tras año". Por ello, la institución insta al Gobierno canario a articular las medidas necesarias para que los colegios de abogados presten un servicio "cercano y presto".
Por último, el organismo destaca el retraso en la tramitación de la justicia gratuita como motivo de queja presentada en 2011, algo que contribuye a la "dilación de los procedimientos judiciales" y a la vulneración del "derecho a la tutela judicial efectiva". En este sentido, plantea como solución que el Ejecutivo regional incremente los medios materiales y humanos de este servicio.