La postura de la Consejería de Sanidad respecto a si cumplirá la nueva normativa tal y como está redactada o si por el contraro dará cabida a la atención sanitaria a colectivos como las personas en situación irregular, tal y como han hecho Andalucía, País Vasco y Cataluña, es un misterio, ya que la única respuesta dada al respecto es que "hasta que la norma no esté aprobada oficialmente por el Gobierno español la Consejería no va a entrar a hacer valoraciones".
Pese a que el pasado 23 de mayo la propia consejera, Brígida Mendoza, declaró al respecto en el Parlamento que "el Gobierno canario ha sido, es y va a seguir siendo respetuoso con toda la normativa básica establecida, por lo que la consejera de Sanidad de este gobierno, ante la publicación del Real Decreto 16/2012, tendrá que someterse a lo establecido en el mismo, y en él dice que la condición de asegurado la pone el INSS, dependiente del Ministerio", las diferencias manifiestas con el Gobierno central -y que se mostraron públicamente en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto en contra de Canarias a la propuesta del Gobierno central de realizar más recortes- hacen dudar sobre si finalmente Canarias aplicará la ley o se declarará insumisa.