Mientras las cuadrillas de operarios se afanan en los montes gomeros en apagar los rescoldos del último gran fuego que ha azotado la isla -comenzó el día 4 de agosto y continúa sin estar controlado ni extinguido-, otro incendio -político, para más señas- amenaza con hacer arder algunas instituciones del Archipiélago.

Mañana la Mesa del Parlamento de Canarias, bajo la presidencia de Antonio Castro Cordobez, decidirá si crea una comisión de investigación sobre las consecuencias de este último fuego -la propuesta ha sido formulada por el PP canario-. La Cámara regional ya vivió un encendido debate derivado del otro gran incendio que sufrió la isla en 1984 -comenzó el 11 de septiembre- y que se saldó con 20 fallecidos.

En aquella ocasión, el Parlamento canario creó la que sería la segunda comisión de investigación de una todavía joven autonomía, con Pedro Guerra Cabrera -ya fallecido- en la Presidencia de la Cámara legislativa y con el socialista Jerónimo Saavedra como jefe del Ejecutivo regional.

La primera de estas comisiones parlamentarias se había constituido un año antes, en el año 1983, y versó sobre los "medios de comunicación del Estado en Canarias".

Aunque es casi imposible establecer paralelismos entre las consecuencias de un fuego y otro, tanto desde el punto de vista material como humano, lo que sí queda de manifiesto casi 28 años después es que el lenguaje político ha variado poco. No resulta difícil comprobarlo leyendo las crónicas periodísticas de aquella época, y algunas de las que se escriben ahora.

Además, y sin ánimo de aventurarse a hablar de las hipotéticas conclusiones a las que podría llegar la comisión solicitada ahora por el Partido Popular, de las que surgieron a raíz de la constituida el 2 de octubre de 1984 se desprende que gran parte de ellas podrían copiarse sin incurrir en errores.

"Carencia de medios", "lfalta de coordinación" o "retraso en la llegada de los medios estatales" son algunas de las afirmaciones que resultaron del trabajo de aquellos diputados y que ahora sirven de argumento para que otros parlamentarios exijan que el debate se traslade a la Cámara legislativa.

Similitudes.-Sirva como un ejemplo de esta aseveración el resumen que de los resultados de la comisión parlamentaria presidida por Ramón Jerez Herrera se adjunta en el margen derecho de esta información. Jerez Herrera, que fue presidente del Cabildo gomero entre los años 1987 y 1991, está, en la actualidad, alejado de la política.

Salvando las innegables distancias entre una tragedia y otra, no parece difícil concluir que existen demasiadas coincidencias. Es más, se podría asegurar que de poco, o casi nada, sirvieron las reflexiones extraídas de una tragedia sin precedentes en las islas. Pero que cada uno extraiga sus propias conclusiones.

En esta ocasión, sin vidas humanas de por medio, la polémica gira en torno a la supuesta descoordinación que existió entre las administraciones a la hora de hacer frente a un incendio que, después de darse por estabilizado el 4 de agosto, acabó reavivándose cuatro días después tras una bajada en el nivel de alerta y arrasando 3.000 hectáreas de monte -una buena parte de ellas del Parque Nacional de Garajonay- y produjo daños en más de ochenta viviendas en núcleos de población tan importantes como Valle Gran Rey.

Antecedente.- Frente a esta catástrofe natural sin precedentes en cuanto a la extensión en la Isla Colombina, en 1984 lo menos importante resultó ser las poco más de 780 hectáreas -el 9,2% de la masa forestal de la isla- que se vieron afectadas por el fuego en La Zarcita, Ojilla, El Bailadero, El Cedro y las cuencas de las cabeceras de los barrancos de La Laja y Benchijigua. Lo grave aconteció con el fallecimiento de 20 personas, entre ellas el Gobernador Civil de la provincia tinerfeña, Francisco Afonso, y su secretario personal, Bartolomé Alonso.

Resulta obvio que fue este suceso el que motivó la creación de la segunda comisión de investigación del Parlamento canario. Como también lo es que algunos la utilizaron para saldar cuentas políticas con sus adversarios. ¿Coincidencia con la actualidad?

Ello no es óbice para que algunos de los que, activamente, vivieron aquel momento, defiendan que se hable en el Parlamento del fuego de 2012. Eso sí, con la sugerencia -entiéndase también como una advertencia- de que lo que salga del debate parlamentario sirva para mejorar la realidad. Gran parte de sus argumentos coinciden con la opinión ciudadana.

Mando único.- Por ejemplo, Eligio Hernández, que era delegado del Gobierno de España en las Islas cuando se produjo el suceso del 84 y que acabó asumiendo el control final del incendio, reconoce que siguen existiendo una serie de problemas "sin resolver".

La legislación sobre protección civil es uno de ellos, pues sobre ella existen competencias compartidas. Por ello, Hernández defiende la creación de un "mando único" que coordine a las tres administraciones. "Da igual quién lo ostente, pero podría ser el delegado del Gobierno en Canarias, el consejero con competencias en Protección Civil o el presidente del cabildo", precisa.

¿Por qué? El también exfiscal general del Estado lo resume en pocas palabras: se trata de que todos los medios, desde el primer momento, se empleen en el incendio para evitar que se propague. "No parece lógico que se vayan aportando medios al incendio paulatinamente, sino que todos acudan al mismo tiempo y desde el principio", reclama.

Además, echa en falta una "política de prevención". "Hay que establecer una red de trochas -cortafuegos- que se limpien con frecuencia", aclara. "Porque mientras haya que improvisar para apagar un incendio, por muchos medios que haya...", subraya. A estas dos recomendaciones, el exdelegado del Gobierno en Canarias suma una más: la necesidad de tener medios permanentes en las Islas.

Recuerda Eligio Hernández que el siniestro del año 84 en La Gomera sirvió de experiencia para la creación de la Ley Estatal de Protección Civil, aprobada en enero del 85 y que sigue en vigor en la actualidad, y "recomienda", si finalmente se crea la comisión parlamentaria, que por ella pasen expertos en la materia como José Miguel González, actual diputado de Coalición Canaria (CC), ingeniero de montes y asesor del propio Hernández en su etapa en el Gobierno central.

En similares términos se manifiesta Jerónimo Saavedra, que en 1984 llevaba las riendas del Gobierno canario. Haciendo alusión a un libro del General Santos Miñón sobre sistemas de defensa civil, Saavedra incide en que lo mejor en estos casos es un control por parte del Ejército. "Es mucho más operativo y eficaz, pues cuenta con más medios", asegura.

Coincide el exjefe del Ejecutivo regional con Eligio Hernández en la necesidad de dejar la coordinación "en manos de uno solo", y recomienda que, ahora que se están estudiando todas las competencias en el ámbito regional, se aproveche para afrontar este tema.

Es más, sobre la necesidad de contar con más medios aéreos, Saavedara pide "tener en cuenta" la respuesta ofrecida en este último incendio por el Reino de Marruecos, que envió dos hidroaviones. "La primera respuesta debe ser llamar a quien esté cerca", aclara.

En esta línea, el diputado entonces -y ahora- del PP Manuel Fernández reconoce que uno y otro incendio -1984 y 2012- no tienen "nada que ver", pero defiende también la necesidad de que haya "un mando único", con carácter técnico, que conozca el monte, cómo operar con los fuegos y que pueda dar órdenes sin consultar con autoridades políticas.

"Muy pocas autoridades políticas entienden cómo atacar un fuego", asevera Fernández, que avanza que el objetivo de su partido es que la comisión que solicita sirva para obtener un "protocolo real de actuación". "Menos televisión para los que no entienden de fuegos y más autoridad para los que sí tienen ese conocimiento", concluye.

Los detalles.- La comisión de investigación sobre el incendio de La Gomera fue creada por el pleno del Parlamento la sesión del 20 de septiembre de 1984. Entonces el PSOE disponía de una amplia mayoría parlamentaria, con 27 diputados. Apenas doce días después, el 2 de octubre, la comisión, presidida por el socialista Ramón Jerez, quedó constituida. A poco que se den las fechas, si los actuales grupos parlamentarios se ponen de acuerdo, la nueva comisión se crearía en fechas similares.

De ella formaron parte también Andrés Miranda, del grupo popular y que ejerció como vicepresidente, y Fernando Fernández, en aquel momento en las filas del Centro Democrático-CDS y que desempeñó las labores de secretario. A ellos se sumaron otros socialistas, como Alonso Trujillo y Trujillo, Augusto Brito, Maximino Hernández y José Hernández Díaz, los populares Francisco Marcos y Manuel Fernández, y Gonzalo Angulo y Domingo Herrera, de Izquierda Canaria y grupo mixto, respectivamente.

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La tragedia del 84