El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer presentar una queja ante la Comisión Europea al estimar que la autorización a Repsol por parte del Ejecutivo central para realizar prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura vulnera el derecho comunitario.
El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, anunció además que los servicios jurídicos están terminando una demanda ante el Tribunal Supremo contra el decreto que otorgó los permisos de investigación a la petrolera.
El Tribunal Supremo falló dos recursos en contra del Gobierno de Canarias, pero Marrero precisó que en los dos casos no entró en el fondo del asunto, sino que se trataba de incidentes de ejecución, y por tanto en ningún caso fueron avaladas las prospecciones.
La queja ante la Comisión Europea se produce después de que las alegaciones presentadas por el Gobierno regional contra el decreto no hayan sido respondidas por el Gobierno de España, dijo.
El Gobierno autonómico alega que el decreto no fue sometido a la directiva de evaluación ambiental estratégica, pese a que las prospecciones tienen efectos significativos sobre el medio ambiente e inciden en espacios, lugares o zonas del archipiélago protegidos por la directiva de hábitats de la UE.
Tampoco fue sometido a la directiva de autorizaciones de prospecciones de hidrocarburos, lo que supone un incumplimiento o violación del derecho de la Unión, según el Ejecutivo regional.
El incumplimiento de esos requisitos no desaparece ni se subsana por la posibilidad de futuras evaluaciones medioambientales, como argumentó el Gobierno, indicó Marrero. El portavoz dijo que si la Comisión atiende la queja del Gobierno regional, deberá dirigirse al Ejecutivo central para revocar las autorizaciones a Repsol.
Si el Gobierno estatal no las revocara, la Comisión podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de la normativa comunitaria, agregó.