El Gobierno canario sigue deshojando la margarita de la financiación. La desconfianza de los mercados hace inviable la opción más común para las administraciones hasta hace poco cuando buscaban dinero: emitir deuda. Los intereses que demandan son prohibitivos porque estarían con seguridad por encima de lo que exijan al Estado, en torno al 6%, ya que ven más riesgo en prestar a las regiones que a la Administración central. Se trata de un coste peligroso porque bordea el límite de lo asumible -el 7%- para la deuda a largo plazo. Además, la crisis hace que sea cada vez más difícil colocarla.

En el caso de Canarias se añade el hecho de que se trata de una deuda de relativo poco volumen, lo que resta atractivo a sus tenedores al ser más complicado intercambiarla en los mercados. La alternativa es la banca, que, en opinión de los expertos, es una opción viable -aún- en el caso de las Islas.

Los vencimientos que tiene pendiente la región hasta diciembre suman unos 521 millones, pero ese pago "no es el problema", según el director del Gabinete Técnico de Asuntos Económicos de CCOO Canarias, José Miguel González, quien puntualiza que el Archipiélago, en principio, puede hacer frente a sus obligaciones.

"De una forma u otra"

También lo cree así el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, que cree que el Gobierno no se plantea un escenario distinto a pagar lo que debe a final de año y confía en que conseguirá los fondos "de una forma u otra".

En este sentido, el presidente regional, Paulino Rivero, reiteró el pasado viernes que el Ejecutivo demandará los 600 millones que está autorizado a solicitar "a quien ofrezca las mejores condiciones" y apuntó que si es un banco, el Gobierno acudirá a la banca, pero si es el Estado, lo pedirá al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Pero el Ejecutivo también ha sondeado a los grandes empresarios de las Islas para estudiar una posible emisión de deuda apta para la RIC -la última, de unos 200 millones, supuso un coste del 2% para la Administración, pero ofreció un retorno cercano al 12% para los tenedores-, si bien esta vez sería en una cantidad "discreta".

En todo caso, el director regional de Renta 4, Francisco Torres, advierte de que las instituciones bancarias "no están para fiestas", así que solo estarán disponibles cantidades "puntuales" para necesidades "muy concretas" a través de esta vía. En esto coincide con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, que denuncia que las entidades "empujan" a las comunidades al FLA porque al orientar sus recursos a financiar ese fondo no les queda dinero para comprar deuda.

¿Por qué la banca está dispuesta a prestar a la Comunidad? Sus indicadores financieros fundamentales son "positivos" -explican desde el Ejecutivo regional-.

Se trata de parámetros como el volumen de deuda viva -que ahora es 3.800 millones y llegará, previsiblemente, a 4.400 millones a fin de año, una cantidad muy discreta al lado de los casi 630.000 millones del Estado-, la calificación crediticia de esa deuda -la canaria es igual a la del Estado, todavía un escalón por encima del denominado "bono basura"-, y la tesorería -el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, reconoció en junio que las Islas tienen "tensiones" de liquidez, pero descartó que haya un "problema" de tesorería-.

Mucho menos entusiasta se muestra Francisco Torres, que si bien comparte que la banca es una opción abierta, matiza su alcance. Sin las reticencias del Gobierno canario, Torres augura que los bancos prestarían "sin duda" en peores condiciones que el FLA, en cantidades menores, con plazos de devolución más cortos y con la exigencia de más garantías.

Por ello, está convencido de que el crédito bancario es posible, pero "no es la opción más operativa ni más factible" para Canarias.

Otro analista financiero -que prefiere permanecer en el anonimato- añade un nuevo elemento a considerar: el coste político. Acudir al FLA exigirá a las autonomías someterse a más controles por parte del Estado.

"Los gobiernos regionales se lo pensarán dos veces", vaticina. Esta opción será "muy probablemente" más atractiva desde el punto de vista del coste financiero, "pero aquí no se trata solo de dinero, también hablamos de política", explica.

José Miguel González destaca que la incertidumbre sobre el FLA impide a Canarias -a todas las regiones, en realidad- tomar ya una decisión. Lo que se busca en una financiación es que sea "barata y fácil" de pagar. Pero tampoco está claro lo que exigiría la banca. José Cristóbal García recuerda que la comunidad "no es un cliente más" y en las negociaciones hará valer sus activos en el sistema financiero.