Un aluvión de recortes y medidas impopulares dictadas por el Ministerio de Educación, unido a las previas reducciones presupuestarias acometidas por el Gobierno canario y a la escasa resistencia de este a aplicar lo que se impone desde el Ejecutivo central, hacen del curso escolar que mañana comienza el más difícil que se recuerda en las Islas desde hace muchos años. No es la opinión de un único sector de la comunidad educativa, sino de todos ellos, alumnos, familias y docentes, reunidos por EL DÍA para debatir cómo se presenta este arranque del ejercicio educativo 2012-2013.
Con la ausencia de representantes de la Administración -que excusó su asistencia-, este periódico congregó en sus instalaciones a Pedro Crespo, portavoz del sindicato ANPE; Eusebio Dorta, presidente de la Federación Insular de Tenerife de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fitapa); Néstor García, presidente de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca), y José Ramón Barroso, secretario general en el Archipiélago de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO). Los motivos del malestar y la preocupación que todos manifiestan son varios, y contribuyen a dibujar un panorama inquietante para el sistema educativo público de Canarias: menos profesorado y con peores condiciones de trabajo, asociaciones de familias sin recursos para sus actividades, desaparición de medidas educativo-sociales, más dificultades para el acceso a la universidad... Este cúmulo de males será respondido, adelantan, con movilizaciones.
"Estamos convencidos de que, para los docentes, este es el peor curso, el de peores condiciones laborales desde las transferencias (de las competencias en educación a la Comunidad Autónoma) para quienes tenemos la suerte de seguir trabajando", arranca Pedro Crespo. Aunque la Consejería de Educación no ha facilitado datos concretos, ANPE calcula en unos 800 el número de profesores interinos que han perdido su puesto de trabajo desde el pasado curso, aunque a su juicio la gravedad del caso "no radica solo en la pérdida de empleos, sino en su efecto sobre la calidad del sistema educativo", potenciado por las alrededor de 700 jubilaciones no cubiertas -de nuevo una cifra estimada ante la ausencia de información oficial- que también se han producido.
José Ramón Barroso afina más los datos. "Son 740 plazas menos: 230 de maestros y 510 de Secundaria", asegura con rotundidad, citando las estadísticas elaboradas por otra organización sindical, Docentes de Canarias-Insucan. Tanto Barroso como Crespo advierten de que esta merma de personal no se va a recuperar con los nombramientos que se produzcan durante las próximas semanas y que, como mucho, significarán un incremento del 10% o el 15% en las plantillas. Estas cifras contradicen las afirmaciones de la Administración, que hace escasamente dos meses garantizó que ningún docente que trabajase el curso pasado se iba a quedar sin hacerlo en este.
Las sensaciones entre el profesorado, prosigue el representante de ANPE, son contradictorias. "Hay ilusión y desánimo. Lo primero, porque son fantásticos profesionales cuya verdadera inquietud es sacar adelante a sus alumnos. Lo segundo, porque las medidas abusivas del Ministerio y la interpretación que ha hecho de ellas la Consejería pasan la raya de lo permisible". Las alusiones a la escasa resistencia del Gobierno autónomo serán frecuentes durante la conversación: todos acusan al consejero José Miguel Pérez de no plantar cara a las medidas del Ministerio e, incluso, de empeorarlas, así como de rechazar las propuestas por la comunidad educativa para paliar su impacto.
El inicio del curso será "bastante atípico" para las familias, según el presidente de Fitapa, pues sienten "la mayor incertidumbre por los nuevos gastos que habrán de afrontar en una economía distinta y muchísimo más precaria". La eliminación de la financiación pública para la acogida temprana, una de las "medidas de calidad" puestas en marcha en Canarias durante la pasada legislatura, puede causar, a su entender, un gran daño. "Es -dice- una medida casi social, porque hace que se mantenga el empleo: un padre o madre no puede llegar diez o quince minutos tarde al trabajo". Para sostenerla, han pedido la implicación de las consejerías de Empleo y Asuntos Sociales: ninguna ha contestado.
La subida de los precios del material escolar y la supresión de la gratuidad de los libros de texto -ahora son los centros los que deben facilitar su reutilización- deriva en apuros económicos. Eusebio Dorta asevera que, en el caso de las familias con más de un niño en el centro, "en muchos casos o comen o hacen los gastos del material". Por ello, pide "flexibilidad" a los profesores para que permitan escalonar su adquisición.
Los daños no son solo económicos, añade Dorta: "Se culpabiliza al alumno del gasto que supone la compra del material". "No puede trasladarse al niño la impotencia de las familias. Todos debemos colaborar para evitarlo", sentencia.
"Este es el curso de la incertidumbre, y no hay etapa educativa que se escape", tercia Néstor García, de la Unión de Estudiantes de Canarias. Si la enseñanza infantil ha recibido un "ataque" -se paraliza la extensión de la educación de cero a tres años-, Primaria y Secundaria se ven afectadas por el incremento del número de alumnos por clase y la reducción de la plantilla docente -consecuencia de la ampliación del horario lectivo de los trabajadores-, la duda sobre las modalidades de Bachillerato que se ofertarán no se ha despejado, Formación Profesional ha sufrido dificultades en el proceso de admisión y la universidad se encarece por la restricción de las becas y el aumento de las tasas, argumenta.
Las responsabilidades de esta situación están claras: García apunta al Ministerio, pero también a la Consejería, que "hace sus políticas a espaldas de la comunidad educativa y desde un despacho", recrimina el presidente de Udeca.
Para José Ramón Barroso, de CCOO, "el camino que está marcando el ministro Wert es el de la ruptura de la igualdad y la equidad". Su actuación y la de la Administración canaria se materializan en ratios más elevadas, menos becas, mayor esfuerzo de las familias... El dirigente sindical augura "más fracaso escolar y una bajada de la calidad educativa. Todo esto lo pagará la sociedad futura de Canarias", alerta.
Empecinamiento
En cuanto a los docentes, recalca que éste es "el año con peores salarios de la historia reciente". A los profesores de las Islas -"los peor pagados del país", precisa- esta situación "les afecta doblemente", destaca Barroso. Al tiempo, se han endurecido las condiciones para acceder a la compensación por incapacidad laboral temporal y se impiden, por el "empecinamiento" de la Consejería, las comisiones de acercamiento dentro de la propia isla.
Las infraestructuras están "de pena", la atención a la diversidad es "prácticamente nula" y no se fomenta el plurilingüismo. El diagnóstico del dirigente de CCOO es desolador: un sistema educativo "en decadencia por falta de financiación y por las medidas regresivas del PP, que el Gobierno canario no está afrontando con cabeza ni coherencia, hasta el punto de que ha endurecido algunas".
Barroso es el primero en avisar: "El inicio de curso será complicado. Habrá contestación social, con movilizaciones que se pactarán con padres y alumnos".
Los servicios complementarios de la educación son de los pocos que han salido bien librados de los recortes en este nuevo curso. Respecto al transporte, relata Eusebio Dorta, la Consejería planteó hace unos meses una disminución del 20% en la partida económica que se destina a este fin, que "podría conseguirse por dos vías: la negociación con las empresas que terminaban contrato para que aceptasen bajar las cantidades que reciben o ampliar en un kilómetro, de dos a tres, la distancia al centro a partir de la cual los alumnos pueden beneficiarse del servicio, algo que en Canarias, con su orografía, es terrible", argumenta. Finalmente, la negociación con las empresas permitió reducir un 16% el presupuesto y no se modificarán las distancias.
El comedor escolar, por su parte, se ha convertido en "un remanso de calma entre tanto mar revuelto". Con estas palabras, el presidente de Fitapa celebra que este servicio conserve su presupuesto. Dorta recuerda, no obstante, que algunos comedores se vieron obligados a abrir durante el verano para garantizar que muchos niños pudieran seguir comiendo caliente, lo que da una idea de la gravedad de la situación social.
Muy diferente es lo que ocurrirá con las actividades extraescolares, dado que el Gobierno de Canarias ha suprimido las ayudas a las asociaciones de padres para desarrollarlas, lo que ha movido a Fitapa a negociar directamente con las empresas del sector, que en algunos casos han accedido a rebajar sustancialmente sus ingresos para mantener el servicio. Estas actividades "parecen una medida sin la que se puede pasar, pero no se entiende que son lo que distingue la calidad de la educación en los centros públicos y los concertados. Si las eliminamos segregaremos aún más por razones sociales. No comprendo cómo un gobierno de izquierda puede hacer un planteamiento como éste", expone.
A vueltas con la actitud de la Administración regional, Pedro Crespo recuerda el "compromiso del consejero de que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano, incluso a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas del Ministerio". "Que sepamos, no se ha hecho", afirma.
CCOO hizo llegar un informe de sus servicios jurídicos que demostraba, según José Ramón Barroso, que la normativa nacional era suscetible de recurso. "Hay una duda sobre si se ha presentado o no. Si se ha hecho, es positivo, pero no suficiente, porque tenía que haberse opuesto a las medidas. Si no se ha presentado, es una absoluta desfachatez", opina el representante de Comisiones Obreras.
Néstor García, de Udeca, abunda en este asunto, e interpreta que, si no ha planteado el recurso, la Consejería se ha convertido en "colaboradora" de las medidas del Ministerios, máxime cuando otras comunidades autónomas sí han recurrido.
Cuando la situación es tan extrema, articular un pacto social y político para salvaguardar la educación pública es "no solo posible, sino necesario y hasta urgente", interviene de nuevo José Ramón Barroso. Todos los sectores representados en el debate coinciden en este punto, y más cuando se avecinan reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo central que amenazan con "segregar en educación por motivos económicos", alerta Eusebio Dorta, quien, como todos, teme que el "ordeno y mando" sustituya al diálogo.
M. GÓMEZ Fotos: MANUEL EXPÓSITO