Con algunas precisiones que se detallarán más adelante, la actual estructura del Gobierno de Canarias costará a las arcas públicas de la Comunidad autónoma algo más de 5,5 millones de euros, sin contar el coste añadido por el pago de Seguridad Social.

No se añade, en esta cantidad total, además, lo que cuestan los salarios de aquellos gerentes y directores de empresas públicas y fundaciones. Se precisan después.

Los datos recabados por este periódico reflejan el coste de las retribuciones del organigrama que el Ejecutivo, que forman Coalición Canaria (CC) y PSOE, mantiene en su página web y que incluye, además de la Presidencia, las distintas consejerías y viceconsejerías, direcciones generales, secretarías generales técnicas, agencias e institutos. De la citada estructura apenas quedan vacantes un par de puestos como la Dirección General de Aguas.

Las cifras expuestas corresponden a los sueldos del año 2012, una vez aplicada la reducción derivada del recorte que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó para los empleados públicos y que el Ejecutivo regional aplicó para todos sus miembros y altos cargos. Es más, el Gobierno canario decidió aplicar en los sueldos de altos cargos el porcentaje más elevado de las opciones previstas en el decreto-ley de Rajoy, a pesar de que se permitía un recorte menor.

Según las cifras consultadas por este periódico, la rebaja de los salarios de los miembros del Gobierno de Canarias, que se detallan a continuación, fue del 7,14%. No se cuantifica, sin embargo, ni la antigüedad ni los trienios que, por su condición de funcionarios, tienen algunos de ellos.

Eso sí, todos los miembros del Ejecutivo, sin exclusión, reparten sus emolumentos en catorce pagas.

Así, tras la mencionada rebaja, el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, cobra 65.735 euros -5.056 euros menos que al comenzar el año-, mientras que el vicepresidente, el socialista José Miguel Pérez, percibe 62.777 -4.829 euros menos-. Son, como es obvio, los dos representantes del Ejecutivo con el salario más alto.

Tras ellos se sitúan los consejeros, que reciben una asignación anual de 60.748 euros. Son, para más señas, siete, pues el octavo, el citado José Miguel Pérez, cobra como vicepresidente.

En el escalafón de cantidades a percibir les siguen los viceconsejeros -17-, cuyo salario es de 55.068 euros al año. En esta nómina se incluyen también el director general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Juana María Reyes, y los consejeros del Consejo Consultivo de Canarias.

Los siguientes en cantidades a percibir de las arcas públicas son los secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados, esto es, directores de agencias, institutos, comisionados e interventores, entre otros. El salario de estos miembros del Gobierno asciende a 54.306 euros. Sobra decir que es el escalafón más numeroso.

Entre ellos figuran, por ejemplo, Fernando Ríos, comisionado para el Desarrollo para el Autogobierno y las Reformas Institucionales; Juan Jesús Ayala, director de la Academia Canaria de Seguridad, o Aarón Afonso, director general de la Función Pública.

Precisamente, es este nivel el que marca los salarios del sector público de la Administración autonómica que siempre está sujeta a controversia por parte de la oposición: las empresas públicas, fundaciones y sociedades.

Desde el Ejecutivo canario se reitera que los gerentes y directores de estos entes que dependen del Gobierno de Canarias no perciben un salario superior a los 54.306 euros. Es más, según aseguran, algunos de estos responsables públicos, incluso, cobran por debajo de esta cifra.

A saber, las empresas públicas del Ejecutivo cuyos dirigentes siempre están sujetos a dudas por sus salarios son la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan); Cartográfica de Canarias SA (Grafcan); Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC); Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa); Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); Sociedad Canaria de Fomento Económico SA (Proexca); Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan); Gestur Las Palmas y Gestur Tenerife; Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR); Promotur; y Hoteles Escuela de Canarias SA (Hecansa).

Si se incumple esta norma se estaría infringiendo, además, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2012, que ya establece que ningún directivo del sector público canario puede cobrar más de lo que percibe un director general. Otra cosa es, sin embargo, que se ponga en duda su funcionalidad y su cantidad.

Desde el Ejecutivo canario se hace hincapié también en que en los dos últimos años se ha hecho un "importante esfuerzo" en materia de ahorro en lo que a los sueldos de sus miembros se refiere. Así, el sueldo del presidente, por ejemplo, ha caído un 26,7%, de los 83.285 de principios de 2010 a los 65.735 de la actualidad, mientras que el del vicepresidente se ha rebajado en un 22,38%, de los 76.824 a los 62.777 que cobra en estos momentos.

En el caso de los consejeros, el descenso ha sido del 19,66% (72.690 euros en 2010), mientras que el de los viceconsejeros asciende a un 16,88% (64.362 euros). La rebaja de secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados ha sido incluso mayor, 17,06% (63.569 euros en 2010).

En esta línea, el Gobierno precisa también que en Canarias está prohibido desde el pasado ejercicio cobrar por la asistencia a los consejos de administración y reuniones de los entes públicos. Es más, esta limitación se reiteró en los planes de viabilidad que el Ejecutivo aprobó para todas y cada una de sus empresas públicas.