El Gobierno de Canarias ha acordado hoy enviar un requerimiento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para exigir que se abone la totalidad de los 207 millones de euros comprometidos en el convenio de carreteras para 2012, como paso previo a interponer una demanda contencioso-administrativa.

Así lo ha decidido hoy el Consejo de Gobierno de Canarias, que entiende que no cabe incumplir una obligación contractual suscrita en base a la confianza legítima que debería inspirar el Gobierno estatal, según explica el Ejecutivo regional en una nota.

Añade que el Estado de forma unilateral redujo ese importe en sus Presupuestos Generales en más de 148 millones de euros, con lo que sólo prevé transferir a las islas 68,54 millones de euros en el presente ejercicio.

El Gobierno de Canarias entiende que el Ministerio de Fomento no puede justificar esta decisión arbitraria en la situación de crisis económica y en la escasa disponibilidad presupuestaria, cuando en el mismo presupuesto aumenta la partida para la Dirección General de Carreteras del Estado en un 25 por ciento e incluso se compromete a crear nuevas infraestructuras, tanto viarias, como de ferrocarril.

En concreto, el Gobierno canario argumenta en su requerimiento que la reducción unilateral del 68 por ciento que se pretende imponer a Canarias respecto al convenio de carreteras en 2012 no la experimenta en cambio el programa 453 B en los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, cuyo importe en los capítulos 6 y 7 incluso aumenta un 25,54 por ciento respecto a 2011, "con manifiesto desprecio a cualquier criterio de equidad".

En el texto que se enviará a la ministra de Fomento se desglosa ese porcentaje del 25,54 por ciento para comprobar que, mientras en la Comunidad Autónoma de Canarias se reduce la aportación respecto a la anualidad 2012 del Convenio en un 68 por ciento, las inversiones reales en el programa 453B se incrementan entre 2011 y 2012 en un 54,17 por ciento.

Por otro lado, la reducción que sufren las transferencias de capital es de un 61,98 por ciento, inferior por tanto al 68 por ciento que experimenta esta Comunidad Autónoma respecto al convenio.

El Gobierno de Canarias entiende que todo ello discurre en una clara línea discriminatoria "que es constitutiva de una flagrante vulneración" del principio de solidaridad interterritorial que se encuentra reconocido en la Constitución española, y que implica la obligación del Estado de desarrollar políticas tendentes al establecimiento de un "equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular".

"Semejante discriminación es completamente incompatible con el principio de buena fe que debe inspirar la actuación de esa Administración General del Estado", agrega.

El Ejecutivo canario recuerda al Estado que se notificó por primera vez la cuantía del recorte a principios de abril cuando, siguiendo con la programación prevista gracias a la financiación recogida en la Adenda al Convenio de Carreteras suscrita en 2009, ya se habían materializado cuantiosos compromisos con cargo a la anualidad de 2012.

De haber conocido el Gobierno de Canarias "el flagrante incumplimiento" que se cernía sobre estas cantidades "no habría comprometido ni realizado gastos hasta marzo de 2012; gastos que ahora son en gran parte inasumibles".

"Si así se hizo fue, según expone el requerimiento, por la legítima confianza generada en esta Comunidad Autónoma de Canarias tras la suscripción de la Adenda por parte de esa Administración estatal, y por el hecho de que, hasta ahora, todas las anualidades anteriores el Estado había cumplido de forma diligente los compromisos suscritos", añade.

Con estos argumentos, el Gobierno entiende que, como paso previo a una reclamación por la vía contencioso-administrativa, debe dirigirse al Estado para que abone el importe íntegro de la anualidad prevista en el Convenio, de forma que enviará un escrito a Fomento en el que "se requiere que cese en su inactividad y proceda a realizar sin dilación la transferencia de los fondos".