Canarias necesita más de veinte nuevos centros educativos para los que no existe ninguna financiación. Así lo apuntó ayer en el Parlamento regional el consejero de Educación, José Miguel Pérez, al denunciar el "mazazo" que supone la supresión de la partida estatal en esta materia, incluida hasta ahora en el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC).

Es el segundo año consecutivo en que los presupuestos generales del Estado no contemplan ni un euro para estas actuaciones, lo que se traduce en "ochenta millones para colegios que no están por decisión del Gobierno de España", señaló Pérez.

Según el consejero, la eliminación de esta aportación no solo afecta a las expectativas de contar con nuevos centros, sino también a los planes de ampliar o reformar los ya existentes.

Para este problema solo hay "dos soluciones", prosiguió el también vicepresidente del Gobierno. La primera pasa por que prosperen las enmiendas a las cuentas estatales planteadas por nacionalistas y socialistas. Pérez se dirigió ayer al Partido Popular para que se sume a ellas. "Si lo hacen, tendremos esas partidas", dijo a los diputados de esta formación.

La segunda alternativa se refiere a la captación de fondos privados. El consejero adelantó hace unas semanas que su departamento ha encargado un estudio -que costará 55.000 euros- sobre la viabilidad de que las empresas prefinancien obra pública educativa sin que esta fórmula derive en un mayor endeudamiento de las arcas de la Comunidad Autónoma.

Mientras el marco presupuestario no cambie, informó, los fondos existentes se limitarán al pago de certificaciones de las construcciones cuyo proceso de adjudicación se haya realizado ya y a todas las obras que comenzaron en ejercicios anteriores y continúen durante este año. El resto se destinará a los trabajos de mantenimiento y reforma necesarios para el funcionamiento de los centros.

Por su parte, el diputado del PP Fernando Enseñat se mostró escéptico sobre las posibilidades de conseguir financiación privada y urgió al Gobierno canario a "priorizar el gasto" en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y a prescindir de costes como los que representan la policía y la televisión autonómicas y las empresas y fundaciones públicas.

Los populares habían solicitado la comparecencia del consejero para que explicase los retrasos en la construcción del colegio Villaverde, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura).